Tucson (AZ), 11 jul (EFEUSA).- Organizaciones del sureste del país presentaron este jueves una «nueva visión para la frontera» que rechaza la militarización de la región y propone un plan que se enfoca en la seguridad pública, los derechos humanos y un procesamiento más rápido y eficaz de las peticiones de asilo.
La propuesta de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC), que representa a 60 organizaciones de California, Arizona, Nuevo México y Texas, está enfocada en tres puntos principales.
El primero es ampliar la seguridad pública, pues los activistas consideran que las políticas migratorias deben de enfocarse en ganar la confianza de los residentes de las comunidades fronterizas, donde se estima viven alrededor de 15 millones de personas, muchos de ellos indocumentados o familiares de inmigrantes irregulares.
«Los residentes de estas comunidades no podrán estar seguros hasta que tengan la confianza de poder llamar a los servicios de emergencia, como son los departamentos policiacos, y no tener miedo a una deportación», dijo Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alianza San Diego, durante una conferencia de prensa vía telefónica.
SBCC propone que la política de «tolerancia cero», por la que la Administración del presidente Donald Trump ha separado a miles de familias que cruzaron ilegalmente la frontera, sea eliminada de inmediato de manera efectiva, pues aseguran que, a pesar de lo que dice el Gobierno, se sigue poniendo en práctica.
Además insta al Gobierno a cancelar la Operación Streamline, mediante la cual se enjuicia y condena a grandes grupos de indocumentados en vez de audiencias individuales por el solo delito de reingresar al país de manera ilegal.
El segundo punto de la propuesta está basado en la protección de los derechos humanos, y el grupo considera que la frontera entre los Estados Unidos y México en vez de ser un «modelo» para el mundo es en la actualidad una región «exenta» de estos principios básicos.
«Por años la Patrulla Fronteriza ha operado sin tener que responder por sus actos», denunció Pedro Ríos, director del programa U.S./Mexico.
Indicó que los residentes de las comunidades fronterizas son víctimas de acoso y abuso de poder por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza en los puntos de inspección establecidos por esta agencia federal.
Residentes fronterizos han reportado casos donde son detenidos por los agentes fronterizos solamente por el color de su piel, el tipo de auto que manejan o por el número de personas que viajan en el mismo.
SBCC propone que sea prioridad dar cumplimiento a los derechos humanos en las comunidades fronterizas, proteger a los inmigrantes que solicitan asilo y que estos tengan un proceso justo y seguro para presentar sus casos.
Instan además a entregar todas las pertenencias y documentos a las personas que son deportadas, así como terminar con la expulsión del país en la noche y en lugares peligrosos de ciudades fronterizas como Nogales, lo que les deja a merced de organizaciones criminales.
El grupo considera que las agencias policiacas en esta región deben además de estar entrenadas y equipadas para proporcionar ayuda de emergencia, agua y comida a posibles inmigrantes que encuentren o que se entreguen voluntariamente.
También que debe de ser una prioridad responder a las llamadas de emergencia al 911 de indocumentados extraviados en el desierto, recuperar sus cuerpos e identificarlos a través de una colaboración multiagencias que incluya la efectiva y regular comunicación con las familias del fallecido o del inmigrante desaparecido.
El tercer punto de la propuesta está enfocado en dar la bienvenida a residentes y recién llegados, pues la mayoría debe de esperar largos periodos a las afueras de los puertos de entrada debido a la entrada en vigor a principios de año del «Protocolo de Protección a Migrantes» (MPP).
Esta medida establece que migrantes que piden asilo a EE.UU. y no pueden demostrar que su vida corre peligro en México permanecerán en el país vecino mientras se procesa su petición, lo que puede demorarse varias semanas.
Para paliar esta situación, el grupo propone que el Gobierno Federal incremente el número de agentes asignados a los puertos de entrada y facilite el proceso para la solicitudes de asilo.
La propuesta indica que se requiere de servicios de intérpretes, información y asistencia para muchos de estos inmigrantes que hablan dialectos indígenas o que no saben ni leer o escribir.
La próxima semana representantes de esta coalición visitarán la capital del país para presentar esta propuesta a miembros del Congreso.
