La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió rechazar las reformas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de la reforma judicial, indicó que «estas propuestas socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales».
HRW indicó que «según los cambios propuestos, se eliminaría la permanencia judicial y los jueces serían elegidos cada nueve años, en elecciones locales en cada distrito judicial, a partir de listas de candidatos seleccionados por el presidente, el Congreso y la Suprema Corte.
«Todos los jueces federales en activo, aproximadamente 1 mil 650, serían separados de sus cargos y sustituidos en elecciones en 2025 y 2027. La iniciativa obligaría a todas las legislaturas estatales a realizar cambios similares en sus sistemas de justicia estatales en un plazo de 180 días, lo que afectaría a unos 5 mil jueces y magistrados estatales», señaló.
Añadió que «la propuesta también reduciría el tamaño de la Suprema Corte, acortaría los mandatos de sus miembros y sustituiría a los actuales en unas elecciones especiales en 2025. También permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez que supervisa el caso».
Añadió que «los legisladores mexicanos, que entran en funciones el 31 de agosto de 2024, deberían rechazar una serie de cambios constitucionales que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas del gobierno (…) Las propuestas también podrían conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias».
Detalló que «las propuestas ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirían el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares, eliminarían las restricciones constitucionales que prohíben a los militares llevar a cabo funciones civiles. También desaparecería la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental del país».
«Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían controles establecidos para proteger los derechos humanos», señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
«Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas», dijo.
HRW recordó que «la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuyo partido controla el Congreso, ha respaldado muchas de las propuestas y ha instado a los legisladores a que las aprueben antes de que ella tome posesión el 1 de octubre».
También mencionó que «el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que los juicios con «jueces sin rostro» contravienen el derecho a un juicio justo, ya que las personas imputadas no pueden evaluar si el juez tiene un conflicto de intereses».
Desaparición del INAI destruye el derecho de los mexicanos a la privacidad y el acceso a la información
Recordó que «otra iniciativa en consideración eliminaría el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protección de datos en México. El organismo tiene la facultad para exigir al gobierno que cumpla con las solicitudes de información y a cualquier organización, pública o privada, que permita a las personas acceder a sus datos personales como historiales médicos. El INAI puede imponer multas por incumplimiento de sus resoluciones e impulsar acciones legales contra el gobierno».
Eliminar el organismo independiente de transparencia y permitir que el gobierno autorregule su cumplimiento con las leyes de acceso a la información socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública, señaló Human Rights Watch.
Por último, recordó que «otra iniciativa propuesta eliminaría la prohibición constitucional que impide a los militares ejercer funciones no militares fuera de tiempos de guerra, transferiría permanentemente el control de la Guardia Nacional—el principal organismo de seguridad pública del gobierno federal—a la Secretaría de la Defensa Nacional, y otorgaría oficialmente al presidente la autoridad para desplegar las Fuerzas Armadas adentro del país, de manera indefinida, a su discreción».
HRW dijo que «el presidente López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en el gobierno, transfiriendo al Ejército y a la Marina el control sobre cientos de tareas gubernamentales tradicionalmente civiles, lo que ha limitado la supervisión civil y la rendición de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia sobre sus actividades, alegando que la información es reservada por temas de seguridad nacional».
«México necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia más eficaces», dijo Goebertus. «Lamentablemente, es probable que estos cambios constitucionales hagan exactamente lo contrario».
