Aldama (México), 6 nov (EFE).- Alrededor de 40 familias de indígenas tzotziles abandonaron sus casas en los últimos días para refugiarse en la montaña y con familiares ante las constantes agresiones armadas en el municipio de Aldama, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.
«Siguen los disparos. Empezaron otra vez; tiene más de un mes que siguen disparando, desde la mañana, la noche, la tarde, no hay horario», dijo en entrevista con Efe Flor de María Álvarez, una joven madre con dos hijos.
Álvarez señala que las agresiones y el temor a recibir un balazo provoca que aunque quieran ir a trabajar a sus terrenos a las orillas del río, «no se pueda. Nos miran, empiezan a disparar a querernos matar, no nos dejan trabajar», denuncia.
Las agresiones no se han detenido no obstante que hace cuatro meses pobladores de Aldama firmaron con los de Chenalhó un acuerdo de no agresión que pretendía terminar con un conflicto por unas 60 hectáreas de terreno, que dejó enfrentamientos, asesinatos y que desplazó a cientos de familias.
Álvarez, que tiene hijos de nueve y de tres años, cuenta a Efe que a cuatro años del conflicto la situación se complica cada día más para las familias ante la falta de alimentos y la inseguridad.
Por los problemas, los hombres de las familias -como el marido de Álvarez- emigraron para trabajar y llevar dinero aunque eso dejó a las mujeres a merced de la inseguridad.
Son ellas las que resisten los ataques, burlan la vigilancia de los tiradores y se arriesgan a bajar a sus terrenos para conseguir su leña para dar comida sus hijos.
Mientras se protege con las paredes de la escuela primaria junto con un centenar e mujeres y niños, relata cómo sobrevive con su pequeña familia.
«Nos arriesgamos. Buscamos la leña. Nos escapamos; pasan zumbando las balas encima de la cabeza, en el cuerpo pero nos escapamos», asegura.
Explica que regularmente buscan la forma de protegerse de los disparos, ya sea detrás de las piedras o en el mismo suelo. «Nos apachurramos donde podamos hasta que pase el peligro».
Rosario, de 16 años de edad, relata la angustia de su familia y de sus abuelos a la hora de huir de las balas.
«Ayudo a mi abuelo y abuela, los llevo con miedo, el otro día salí a la puerta de mí casa cuando escuché los disparos; por poco me disparan, pasaron muy cerca de mí. Sentí mucho miedo», comenta.
Algunas familias han comenzado a volver a sus casas, como la de Juan Pérez, originario de San Pedro Cotzilnam, quien ante los constantes balazos y amenazas de muerte contra su abuelo y su familia optó por salir y dejar todo.
«Me salí de la casa y busqué una renta más arriba para poder resistir, pero la renta tenemos que pagarla, pero no hay dónde conseguir el dinero para pagar y me regrese con toda mi familia», admite resignado.
Juan confiaba que con los acuerdos de paz y no agresión cambiarían las cosas y se sintió alentado ante las obras que se anunciaron en su comunidad, pero el gusto le duró poco porque hace 15 días todo se detuvo por la falta de condiciones de seguridad.
«Se iniciaron los trabajos de lo que sería una planta de tratamiento de aguas residuales; cuatro personas estaban trabajando, sin embargo se paró la obra por los disparos», asegura al confirmar que la comunidad decidió parar la obra.
Las agresiones no se paran no obstante que hay una mesa de diálogo con el gobierno del estado de Chiapas, y que están las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un convenio de finiquito firmado en 2009 ante el Tribunal Unitario Agrario .
El pueblo de Aldama ha solicitado «mano dura» del Gobierno federal para resolver este problema, comentó Cristóbal Santiz Jiménez, representante de los 115 desplazados de Aldama.
Estas agresiones truncan el desarrollo de estas comunidades de alta marginación, muestra de ello es la cancelación de las obras de ampliación de caminos rurales y la planta de tratamiento de aguas residuales.
«Los disparos que nos atacan del otro lado no nos dejan avanzar para el desarrollo de nuestro pueblo», sostiene el representante
