Chalchihután (México), 17 oct (EFE).- Tras dos años de su desplazamiento forzado los indígenas tzotziles de diez comunidades de Chalchihuitán son presas del miedo por un conflicto originado por la disputa de 60 hectáreas de tierra con Chenalhó, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.
En diciembre del 2017, el Tribunal Agrario de Chiapas falló a favor de Chenalhó y resolvió que se les devolviera el territorio que había sido cedido erróneamente a Chalchihuitán en 1973 por la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Esta resolución agravó un añejo conflicto territorial que provocó una docena de asesinatos, entre ellos Raymundo Luna Pérez y Samuel Luna Girón, sin que hasta la fecha haya justicia, dijo este jueves a Efe Marcos Pérez Gómez, del comité de desplazados forzados de Chalchihuitán.
«El Gobierno es cómplice», aseguró al señalar que un síndico les dijo que el gobernador del estado, Rutilio Escandón, no quiere a los desplazados y los forzó a retornar sin condiciones, «reprimiendo y amenazando de quemar vivo a los que se resistan regresar a sus casas, pero sin condiciones».
En noviembre de 2018, la creciente actividad de grupos de corte paramilitar los orilló a refugiarse siete meses en las montañas, en campamentos no aptos para niños y ancianos.
La situación no ha cambiado y los disparos se escuchan a cualquier hora del día, aseguró.
«Muchas familias han regresado a sus viviendas, sin embargo, se sienten perseguidos (…) otros han migrado dejando a sus mujeres e hijos para conseguir dinero y poder pagar la renta de la casa donde están viviendo», comentó.
Ausencio Pérez Paciencia, desplazado de Chalchihuitán, afirmó que lleva dos años en la lucha para que se les reconozcan sus derechos y se indemnice por las pérdidas de sus objetos.
«La situación que estamos viviendo es de sufrimiento, es de tristeza, de persecución. Porque el grupo paramilitar de Chenalhó no nos permite entrar a nuestras casas y eso para nosotros es algo trágico, no podemos entrar a nuestras parcelas, no podemos trabajar y esa es la situación que estamos viviendo», señaló.
Pérez dijo que también buscan «que el Gobierno actúe y que detenga a los actores materiales e intelectuales de la muerte de Samuel, al igual que se detengan a los que dañaron las casas y que se pague todo lo que se ha destruido».
Los desplazados afirman que al finalizar el año 2018 se incrementó el hostigamiento y la persecución y se mandó a destruir los campamentos, agravando las condiciones de riesgo en las comunidades.
Ante la situación el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió tras asumir el poder el pasado 1 de diciembre que atendiera el caso el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a favor de los desplazados ante la violencia, que afectó a 3.000 personas de las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N’amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, de Chalchihuitán.
Los desplazados exigieron reactivar las investigaciones y que se desarme y sancione a los grupos paramilitares de Chenalhó, y que se le dé una solución definitiva y les devuelvan las tierras ocupadas por Chenalhó a cuyos habitantes acusaron de disparar a todo aquel que se encuentre cerca.
Alicia Gómez García, la viuda de Samuel Luna Girón, madre de cinco hijos, expresó que no es fácil su situación porque actualmente alquila en Canalumtic y no ha recibido justicia por la muerte de su marido.
«El 20 de octubre fuimos con mi cuñado Javier Luna Girón y no nos toman en cuenta en la Fiscalía y hasta ahora no hay justicia, no hay solución y no nos toma en cuenta los gobernadores y los ayuntamientos en este municipio», acusa.
Alicia asegura que la situación económica es difícil porque para mantener a sus hijos se dedica ahora a vender cosas en el patio trasero de su casa.
«Cuido a mis cinco niños y no hay alguien que me apoye, los del Ayuntamiento de Chalchihuitán no me dan pensión y es por eso la situación que vivo es muy difícil; no sé qué hacer con mis niños cuando están estudiando y cuando se enferman».
La comunidad solicitó al Gobierno que se reconozca que hay una problemática sin resolver puesto que mujeres, niños y adultos de la tercera edad están «siendo afectados».
Recientemente los tzotziles de Chalchiuitán instalaron un nuevo concejo municipal luego de que el Congreso del estado revocara el mandato de la alcaldesa Margarita Díaz García, y de su cabildo municipal, tras detectar irregularidades en una auditoría.
