Mediante convenios de colaboración con fiscalías y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el INE ha colaborado con información de datos biométricos que ha permitido la identificación de 11 mil 242 personas por parte de peritos.
En total, el INE ha recibido 78 mil 523 solicitudes de información de distintas dependencias, fiscalías y gobiernos estatales, de las cuales se ha obtenido al menos un registro en 25 mil 271 casos, esto es, un 32.1%.
Sin embargo, de estas respuestas, en 11 mil 242 casos ya existe un dictamen de un perito, aunque queda pendiente saber si se pudo contactar a algún familiar o conocido para la confirmación y presentación de la persona.
En el informe con corte al 16 de julio, apunta que se ha buscado mejorar la identificación de posibles registros a través de optimizar la calidad de las huellas captadas por los servicios forenses, así como buscar la incorporación de dispositivos que permitan la captación de las huellas en formato digital para evitar la pérdida de calidad en la digitalización.
«Es necesario precisar que, para la confirmación de la identidad no basta que el perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere la actuación de otras autoridades con el objetivo de localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada y se confirme si se trata de una persona reportada como desaparecida o no localizada», señala el reporte.
Además, aclara que salvo que alguna entidad federativa lo reporte al INE, esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento de este Instituto, por lo que no es posible conocer el número de casos en que los resultados de la ubicación de los registros señalados en la información que se reporta han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, hasta la primera quincena de 2024 se registraron 101 mil 675 desaparecidos en el país.
En 2016, el INE firmó el Convenio de Colaboración con la entonces Procuraduría General de la República —ahora FGR—, las fiscalías y procuradurías locales y el Servicio Médico Forense de las entidades federativas, con el objetivo de que los Semefos proporcionen información biométrica de huellas dactilares de personas no localizadas o desconocidas que contribuya a la identificación respecto de la información con la que cuenta el INE, permitiendo también la depuración del padrón electoral.