Desde este domingo quedan habilitados los partidos políticos y sus candidatos a las diputaciones federales para hacer campaña, mientras que las autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno tendrán que ser precavidos en su actuar, porque tienen prohibido por ley promover por cualquier medio los logros y sobre todo la obra pública realizada o en proceso.
En el periodo de campañas proselitistas no sólo se les cuidarán las manos a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para que no se inmiscuyan en los asuntos de los partidos y sus candidatos, sino que también tendrán que hacer lo mismo con su boca y con sus campañas de difusión, pues se les tiene prohibido tanto difundir sus logros como emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos, aseguró el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera.
Precisó que se entiende por propaganda gubernamental toda aquella información que se transmita o publique, que haga del conocimiento general logros del Gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público.
Lo que sí pueden hacer los gobiernos y los funcionarios de las áreas respectivas es difundir información de servicios educativos y de salud, así como la relacionada para la protección civil de la población en caso de emergencia, pero lo que tienen estrictamente prohibido es difundir propaganda gubernamental por cualquier medio o modalidad de comunicación social, incluyendo las redes sociales.
Tampoco pueden los gobiernos y sus funcionarios difundir información con carácter institucional que contenga frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, así como difundir propaganda personalizada y los logros del Gobierno o de obra pública realizada, en proceso o la que se tenga proyectada, toda vez que todo eso entra dentro de la llamada veda electoral para los gobiernos y las autoridades de estos.
Dicha disposición, según lo mandata la legislación electoral, abarca desde el Presidente de la República, el titular del Ejecutivo del Estado, los jefes de todos los ayuntamientos, hasta los funcionarios de todas las áreas.
La veda, que se extenderá hasta el 7 de junio, es decir, un día después de las elecciones, impide que los funcionarios públicos emitan información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, valorar positivamente a algún Gobierno y exaltar, promocionar o justificar algún programa o logro obtenido.
