México, 27 ago (EFE).- La intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) reconocida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da esperanzas aunque mantiene el escepticismo de familias de las decenas de miles de mexicanos desaparecidos.
La petición formal que el mandatario envió al Senado esta semana para reconocer la competencia de este comité es un «hito» en la lucha por los derechos humanos en México, expresa Lucía de los Ángeles Díaz, coordinadora de Colectivo Solecito, que busca a desaparecidos del oriental estado de Veracruz.
«Es un parteaguas, finalmente México aceptando que participe la ONU, de hecho nosotros hemos estado exigiendo durante todos estos años que lo hiciera y apenas ahora se da, entonces sí reconocemos esto y lo consideramos algo de mucha importancia», comenta Díaz este jueves en entrevista con Efe.
El actual Gobierno de México admite una «crisis de desaparición» con cerca de 75.000 personas no localizadas y casi 4.000 fosas clandestinas de 1964 a la fecha.
Administraciones anteriores chocaron con la ONU, como la de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que se opuso en 2015 a la visita del entonces relator especial de la ONU sobre la tortura, y la de Felipe Calderón (2006-2012), que en 2009 rechazó las observaciones del Consejo de Derechos Humanos sobre la militarización.
La representante de Colectivo Solecito reconoce que la Presidencia de López Obrador, quien asumió a finales de 2018, es el «primer Gobierno que habla de los desaparecidos» y «abre las puertas a la ONU», pero matiza que «ahora espera que de verdad las promesas se cumplan».
«Es muy fácil prometer, el asunto es cumplir, vamos a darle el beneficio de la duda por el momento, pero creo que el presidente parece haber comprendido la magnitud de la problemática, de la enorme catástrofe humanitaria», dice Díaz.
LUCHA CONTRACORRIENTE
México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, pero no había aceptado la competencia del CED, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Juan Carlos Trujillo, del colectivo Familiares en Búsqueda de María Herrera y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, manifiesta que el reconocimiento del comité de la ONU ha sido una «lucha contracorriente», incluso en esta Administración.
«El Gobierno actual ha promovido y ha intentado plasmar una luz para las familias de los desaparecidos, nos convoca a nuevos retos y creo que una cosa es la instrucción presidencial y otra cosa es la aplicación en el sistema interno de las propias instituciones», indica.
Trujillo, quien busca a cuatro hermanos desde 2008, interpuso un recurso legal el año pasado para forzar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a admitir la competencia del CED.
Pese al discurso presidencial, el activista lamenta las «incongruencias y el rezago» de su gabinete.
Por ello, considera que el Gobierno también debería dar informes periódicos sobre las víctimas de la violencia así como lo hace con el brote de COVID-19.
«La pandemia más grande que tenemos en México, porque la tenemos instalada, es la deshumanización y la poca atención que tenemos para las personas que siguen desapareciendo, no puede haber un desaparecido más, no se debe permitir», enfatiza.
CAMBIOS PRÁCTICOS
Reconocer este organismo de la ONU permitirá revisar peticiones individuales y que familiares de desaparecidos accedan a la justicia internacional para que analicen sus casos.
«El Estado mexicano, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda estarán pendientes de las recomendaciones y dictámenes que el comité realice para acercar la verdad y la justicia a las familias», prometió la Segob.
Sin embargo, el CED solo podrá revisar casos desde su creación, apunta María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aun así, la especialista asegura que la rendición de cuentas del sistema de justicia mexicano mejorará con la observación internacional.
«En un contexto como el de México en el que la crisis continúa y sigue siendo muy grave, es clave que México se abra al escrutinio internacional y que organismos internacionales puedan dar asistencia, revisar casos específicos y dar recomendaciones específicas», detalla Aguilar.
La iniciativa ahora pasará a las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del Senado, precisa la experta, quien remarca la relevancia de reconocer la lucha de los familiares.
«Lo más destacable es que este es un logro de las familias para poder seguir dando pasos para que México se abra a la asistencia técnica en esta crisis y obviamente el tema específico de la competencia del comité para recibir casos es muy importante», concluye.
