México, 20 oct (EFE).- El Senado de México vive unas horas convulsas, con todas sus puertas cercadas por manifestantes que intentan evitar la extinción de 109 fideicomisos mientras los legisladores buscan un modo y un lugar, que parece ser la antigua sede de la Cámara alta, para aprobar esa suspensión.
El caballo de batalla son 109 fondos por un valor conjunto de más de 68.000 millones de pesos (unos 3.100 millones de dólares) que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quiere centralizar con la aprobación ya otorgada de la Cámara de Diputados, por lo que solo falta la ratificación de los senadores.
La medida ha causado gran polémica en México, ya que los fideicomisos a suprimir abarcan temas tan diversos y críticos como la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas o la financiación de proyectos científicos y culturales.
ÚLTIMO PASO
Mientras, López Obrador argumenta que en «casi todos» estos fondos «impera la corrupción» y que centralizar los recursos -aunque no haya presentado todavía un plan sobre cómo los manejará- contribuirá al ahorro del erario.
«Estoy esperando, porque nos hace falta que se apruebe, lo de la desaparición de los fideicomisos y de los fondos que son focos de corrupción», insistió este lunes.
Quienes también estaban esperando eran los afectados por la extinción de los fondos, que acampados a las diversas puertas del Senado impidieron la entrada este lunes a los legisladores.
Así, las dos comisiones que tenían que enviar el dictamen procedente de la Cámara de Diputados al pleno del Senado tuvieron que reunirse en un céntrico hotel; una de ellas lo aprobó, pero en la otra no hubo quorum para ello.
Es por ello que este martes el texto no pudo ser discutido por el pleno, pero la comisión tampoco pudo buscar acuerdo y la aprobación del texto en las instalaciones de la Cámara Alta, todavía cercadas por manifestantes.
«Durmieron (los manifestantes) en las pocas entradas que hay. Ya se intentaron todas las vías alternativas para entrar y la realidad es que no hay paso», confirmó este martes a Efe el asesor de un senador.
Varias organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, se quejaron de la fuerte presencia policial durante la noche en el Senado.
El mismo asesor indicó que habrá una sede alterna para que la última comisión, la de Estudios Legislativos, apruebe el dictamen a discutir.
Reveló que el pleno no puede buscar un lugar alterno ya que la Constitución no le permite sesionar fuera de su recinto o del antiguo, situado en el centro histórico, adonde previsiblemente se traslade la sesión.
REIVINDICACIONES FIRMES
El actual Senado de México, ubicado en el corazón de Ciudad de México, ocupa toda una manzana y tiene entradas por diferentes calles que los afectados se han dividido para acampar y protestar.
La parte trasera la ocupan familiares de desaparecidos y personas desplazadas, como Óscar Bello Pineda, un periodista huido de su natal estado de Guerrero para escapar del narcotráfico y amparado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que desaparecería al pasar esta iniciativa, según explicó a Efe.
El reportero aseguró que tuvo que huir a Ciudad de México en 2017 «debido a una serie de amenazas consecutivas» ya que otra guerra entre cárteles iniciaba en la zona y tras sufrir dos secuestros y una paliza que lo tuvo inhabilitado 20 días.
«Hoy me encuentro en Ciudad de México con medidas cautelares. Y de concretarse el objetivo de diputados y senadores, que es el de extinguir los fideicomiso, yo quedaría en el desamparo completamente», denunció.
RESISTENCIA ORGANIZADA
En la misma fachada del Senado donde duerme Bello hay familiares de desaparecidos a los que, posiblemente, les quitarán su asignación, y en la calle perpendicular se agolpan los descendientes de braceros que a mediados del siglo XX fueron a trabajar a Estados Unidos y cuyo fondo de ahorros desaparecerá.
En la paralela, junto al Paseo de la Reforma, se encontraban este martes científicos y activistas por el cambio climático, que intentan impedir el recorte de fondos por 24.956 millones de pesos (1.162 millones de dólares) que estaban bajo el amparo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
«Nuestra causa justa es la defensa de la posibilidad de investigar, de crear ciencia y tecnología en México», sostuvo Édgar Ramírez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Ramírez advirtió de que no podrán «atraer recursos para investigaciones, docencia y becar estudiantes», una denuncia anticipada este lunes por más de 700 científicos de las universidades más prestigiosas del mundo en una carta pública.
A su lado, el activista ambiental Noé Sánchez, de la organización internacional Fridays for Future México, alertó sobre la supresión del principal fideicomiso para mitigar el cambio climático, con lo que México no podrá cumplir con el Acuerdo de París.
Pese a las reivindicaciones, no hay ningún signo de que los legisladores del partido en el Gobierno, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), vayan a desoír al presidente y cejen en su empeño de suprimir estos 109 fideicomisos públicos.
