GUEVEA DE HUMBOLDT, Oax. (EL UNIVERSAL).- Enclavada en la Sierra Mixe-Zapoteca, entre pinos y cedros, se levanta una pequeña comunidad bautizada como Nueva Esperanza, agencia de Guevea de Humboldt. En este pueblo conviven en completa paz 420 habitantes, que lo mismo profesan la religión católica, que la protestante. En ella fueron acogidas hace dos meses siete familias del Bajo Mixe, que fueron expulsadas de su pueblo por ser evangélicas.
Aunque ahora viven tranquilas, las 25 personas expulsadas de su comunidad piden a las autoridades justicia por todo el despojo que sufrieron.
La asamblea del pueblo de San Pedro Chimaltepec, agencia de policía de San Juan Mazatlán, ordenó a Bonifacio Martínez Sánchez ser el mayordomo de las fiestas de la Virgen de La Soledad el 18 de diciembre de 2021, según los Usos y Costumbres; él, por ser evangélico, se negó.
La desobediencia lo mantuvo cuatro días en la cárcel y lo hizo pagar una multa de 25 mil pesos, que terminó por ser cobrada con su casa, el despojo de seis hectáreas de tierra y el destierro. Dos días después, el 5 de enero de 2022, fue encarcelado su hermano Donato Martínez.
Ese mismo día, Felipe Procopio Domínguez y sus hijos Pedro y Norberto pasaron dos días en la cárcel, empeñaron su vivienda para cubrir una multa de 15 mil pesos y al final abandonaron Chimaltepec.
Antes, el 21 de noviembre, Ruperto Domínguez Teodoro se negó a ser el capitán de la danza principal en honor a las fiestas de San Pedro Apóstol, por lo que pasó tres días en la cárcel y pagó 5 mil pesos de multa.
La autoridad municipal, encabezada por el agente Sósimo Victorino Márquez, persiguió y encarceló también a Juan y Marcelo Martínez.
Todos ellos y sus familias fueron obligados a abandonar el pueblo el 7 de enero por la noche, sin la opción de llevarse nada, sólo la ropa que traían puesta. Antes de irse alcanzaron a ver cómo era desmontado el centro misionero que levantaron con mucho esfuerzo durante cinco años de trabajo.
«Nos quitaron todo, nuestras casas, las cosas que teníamos de valor como muebles, aparatos electrónicos, animalitos, nuestras tierras. A mí me hicieron firmar un documento donde aceptaba irme del pueblo. Cuando salí no tenía más opción que irme. Ya no iba ser lo mismo con toda la amenaza, todos los hermanos decidimos irnos por miedo a que nos mataran», dice Bonifacio Martínez.
Las siete familias salieron de San Pedro Chimaltepec y fueron trasladadas hasta Nueva Esperanza por el pastor Cipriano Gazga Maldonado, quien las acomodó en su vivienda; aunque hacinados, dan gracias a Dios de estar con vida.
En tanto, el pastor lanzó un llamado de auxilio al gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (DDHPO) para que brinden ayuda a las familias.
Aun cuando están sumamente agradecidos por la ayuda que han recibido de Oaxaca y Chiapas, las siete familias sólo tienen una petición: indemnización por lo que les arrebataron.
«No pensamos regresar, ellos nos echaron. Regresar es exponernos a que nos hagan daño; además, todo lo que teníamos de valor ya lo tomaron. La única petición que tenemos al gobierno es que nos paguen nuestras tierras, nuestro patrimonio, para que podamos comprar nuestras tierras en Nueva Esperanza donde nos sentimos bien y comenzar de nuevo» pide Bonifacio Martínez.
A las siete familias se les despojó de unas 40 hectáreas de tierra donde cultivaban café y maíz, además de sus casas. Las madres perdieron los apoyos del Programa Bienestar para sus hijos que van al preescolar y primaria, ya que están inscritos en otra demarcación administrativa y no sacaron sus documentos oficiales. Los campesinos también dejaron de recibir sus apoyos del campo otorgados por el gobierno federal, también por el tema de la demarcación.
Cipriano Gazga Maldonado, en tres décadas levantó más de una docena de misiones e iglesias en las comunidades más apartadas de las montañas. En su caminar por la sierra, llegó a San Pedro Chimaltepec como vendedor de maíz y comprador de café. Al ver que en la comunidad no existían evangélicos, comenzó a predicar hasta formar el centro de oración con las siete familias. Para el pastor, originario de Guevea de Humboldt, la injusticia de sus hermanos en Cristo está cimentada en la ignorancia.
«A los hermanos se les violentó sus derechos humanos, se cometió una injusticia. Ellos se lo dejan todo en la mano de Dios, pero quieren que el gobierno los atienda, que no los abandone como lo está haciendo. Llevamos dos meses y no tenemos respuesta de la única petición, el pago de todo lo que perdieron».
«Gracias a la misericordia de Dios no les falta comida ni techo, pero es gracias a la solidaridad de toda la comunidad evangélica. La injusticia que sufren es consecuencia de la ignorancia de un pueblo. Ahora sufren el abandono institucional», expuso el pastor.
Ante la falta de atención del gobierno estatal, el abogado que lleva el caso solicitó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender el caso de las familias desplazadas.
Mientras esperan pacientes la atención gubernamental y oran en la iglesia del pueblo, agradecen a Dios el nacimiento de un nuevo miembro, que aunque nace en el destierro confían que tendrá con los años la libertad de profesar la fe que mejor le acomode.
