OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- «Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de acelerar las investigaciones para saber qué pasó con las personas desaparecidas durante el periodo de contrainsurgencia (al que se le conoce como Guerra Sucia) en el país, porque ningún familiar de las víctimas quiere morir sin conocer la verdad y la justicia», exclama la poeta juchiteca Irma Pineda.
Apenas el 15 de noviembre pasado, Irma Pineda y su hermano Héctor se reunieron, en nombre de la familia Pineda Santiago, con el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED-ONU), que por primera vez en sus 11 años de existencia visitó México, del 15 al 27 de noviembre, para recorrer 12 entidades federativas y recabar toda la información posible sobre las desapariciones forzadas en territorio nacional.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), hay un registro de poco más de 94 mil personas que fueron desaparecidas por agentes del Estado, entre marzo de 1964 y agosto de 2021. En dichos registros están los nombres de las víctimas del periodo de contrainsurgencia y las de la etapa reciente, que abarca desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón hasta la fecha.
«Como familiares de víctimas de la desaparición forzada de la época de la contrainsurgencia, saludamos la presencia de los integrantes de esa comisión de la ONU y solicitamos que coadyuven para que las investigaciones y sus resultados se atiendan con mucha urgencia por el Estado mexicano. El tiempo es importante en ese proceso de búsqueda y de esclarecimiento», explica la poeta de la región del Istmo de Tehuantepec.
No debemos olvidar, añade la también académica juchiteca, que los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la contrainsurgencia son adultos mayores que están esperando justicia.
«Nadie de los familiares de las víctimas quiere morir sin conocer la verdad y la justicia», expresa Pineda, quien recuerda que tenía sólo cuatro años cuando dejó de ver y oír a su padre, secuestrado en el municipio de Juchitán de Zaragoza por soldados del Ejército mexicano.
Una espera de 43 años
Víctor Pineda Henestrosa, conocido como Víctor Yodo, era profesor de educación primaria, promotor de la Reforma Agraria y dirigente de la naciente Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI).
El activista social fue secuestrado a plena luz del día y ante decenas de testigos en el centro de Juchitán, el 11 de julio de 1978. De acuerdo con sus familiares, fue bajado de su vehículo particular por elementos del Onceavo Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Ixtepec, y subido por la fuerza, a un vehículo militar. Desde entonces, nadie supo más de su paradero.
Una investigación entregada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 1992, sugirió que el profesor desaparecido había fallecido calcinado en su propio vehículo, tras un accidente sobre la carretera Panamericana, que comunica al Istmo de Tehuantepec con la capital oaxaqueña; no obstante, la familia no acepta esta conclusión.
«Primero fue mi abuela, Lucina Henestrosa, China Yodo, la que encabezó la búsqueda de mi padre. Ella ya murió. Mi mamá, (la profesora Cándida), continuó con la lucha por dar con su paradero. Ahora mi madre ya es mayor de edad y en esa batalla para conocer la verdad y la justicia, seguimos mi hermano Héctor y yo, pero también nos estamos haciendo grandes», dice Pineda Santiago, quien representa la voz de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, de 2020 a 2022.
Peligro latente
Con la finalidad de afrontar el grave problema de las desapariciones forzadas en México, el gobierno federal creó, el 6 de octubre pasado, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
Desafortunadamente, señala Pineda, las desapariciones se siguen dando en el México contemporáneo, «aunque ahora los ataques provienen en su mayor parte de las empresas que pretenden usufructuar los recursos naturales y las agresiones están dirigidas contra defensores de la tierra, el agua, el viento, los bosques y de tarifas eléctricas justas».
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la Segob reconocen que desde el inicio del gobierno del expresidente Felipe Calderón aumentaron las desapariciones forzadas, en el contexto del conflicto que libran los grupos criminales por el control de amplias zonas del país, con motivo del trasiego de drogas.
«Son formas diferentes de violencia, pero igual de dolorosas y tristes, graves e inhumanas que lastiman la vida de los familiares de las víctimas de esas desapariciones forzadas que se han dado y se están dando bajo contextos diferentes, pero que al final, la consecuencia es la misma: una terrible herida abierta que, sin verdad y justicia, nunca cerrará», concluye la poeta.
