El pleito entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el ex-consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, abrió una caja de Pandora. La fractura que se ve en el grupo del poder —aunque Scherer ya no trabaje con el Presidente sigue estando en su ánimo—, muestra que hay una herida que sangra cada vez más fuerte, debilitando al Gobierno y empoderando a quienes tienen agravios con esta administración. Dos de ellos están preparando denuncias en Estados Unidos contra Scherer, aunque al final del camino, aunque no sea la intención, sentarán en el banquillo de los acusados al Gobierno de la República.
Las denuncias, de acuerdo con información que ha llegado a Palacio Nacional, serán presentadas por los empresarios Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, y Guillermo Gil White, jefe de Oro Negro, que tuvieron problemas con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en particular con Scherer. Las demandas serán presentadas en Estados Unidos, lo que no sería extraño ante la cada vez más clara manipulación de la justicia mexicana y la forma como el fiscal Gertz Manero está administrándola, los tribunales en ese país, donde viven actualmente.
En el banquillo de los acusados no estaría presente nadie del Gobierno salvo Scherer, y aquellos cercanos a los cuales se añada en las demandas, pero el elefante en la sala serán el Gobierno y López Obrador, quien no se ha cansado de declarar que en México el Presidente está enterado de todo, como él mismo lo cristalizó al contradecir la acusación de Juan Collado de extorsión contra abogados cercanos al ex-consejero jurídico, al reconocer que la propuesta de reparación de daño por mil millones de pesos que según el abogado del ex-presidente Enrique Peña Nieto fue extorsión, sí había sido una tarea que le había encomendado a Scherer. La candidez de López Obrador lo coloca a él y al Gobierno en el centro de las querellas.
La demanda de Ancira probablemente será la primera que llegue a los tribunales estadounidenses, aunque de menor alcance para el Presidente y el Gobierno. Ancira fue perseguido por la Fiscalía General por presuntamente haber pagado millones de dólares en sobornos al ex-director de PEMEX, Emilio Lozoya, a cambio de la venta a sobreprecio de Agronitrogenados. Ancira huyó a España, donde finalmente fue detenido y regresado a México, sin pasar mucho tiempo en la cárcel porque llegó a un acuerdo reparatorio en septiembre pasado, donde se comprometió a pagar 216 millones de dólares a cambio de su libertad.
López Obrador ha dicho que no le interesa meter a nadie en la cárcel, sino que reparen el daño que considera causaron. Ancira se resistía a aceptar el arreglo y consideró demandar penalmente a Scherer y abogados cercanos a él, pero tras varios señalamientos del Presidente para que firmara el acuerdo reparatorio, aceptó pagar poco más de 200 millones de dólares en pagos anuales de 50 millones, cuya primera entrega fue a finales del año pasado. Técnicamente no tendría que haber reparado nada a cambio de su libertad, porque comprar a sobreprecio no formaba parte de la acusación, enfocada a sus presuntos sobornos a Lozoya, que configura otro delito. El pago no evitó que el Gobierno, probablemente de manera ilegal, se quedara con la planta de Agronitrogenados, que es una anomalía tan grande como que PEMEX reconociera recientemente que no encuentra ningún rastro del primer depósito de 50 millones de dólares. Es decir, desaparecieron.
No se conocen los generales de la demanda que está preparando Ancira, quien se ha quejado con sus cercanos que fue extorsionado desde la Presidencia de la República. Este punto puede ser central en su demanda, pero tendrá que probarlo. Algo similar tendrá que hacer Gil White, a quien la Fiscalía de la Ciudad de México acusó con otros cuatro socios en junio de 2019 de presuntos delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza con una daño superior a 750 millones de pesos. Gil White buscó intermediarios para encontrar un acuerdo de solución con el Gobierno de López Obrador, pero se topó con un obstáculo en la Conserjería Jurídica, Scherer, a quien dos décadas su padre, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, trató de llevarlo a la cárcel por presuntos ilícitos en los ingenios del Consorcio Azucarero Escorpión en 2001. Cinco años después, Scherer lo demandó penalmente por la persecución.
Los intentos para negociar la reparación del daño fracasaron por consideraciones más subjetivas que objetivas. Previamente, Oro Negro enfrentó dos demandas en los tribunales estadounidenses por más de 700 millones de dólares, que fueron respondidas por Gil White con una contrademanda contra PEMEX en la Corte Sur de Distrito en Brooklyn por haberse “confabulado” el Gobierno de López Obrador con la dirección de Lozoya en la paraestatal, violando el debido proceso y pruebas falsificadas, que llevaron a la quiebra a la empresa. Gil White sostiene que la demanda de la Fiscalía capitalina fue en represalia por esta última acción legal que tomó.
Si bien las demandas parecen similares, la de Gil White, de concretarse, tiene una trascendencia muy superior, porque involucra a PEMEX como institución, y ante los ojos de las autoridades regulatorias en Estados Unidos podría constituirse en un caso de corrupción endémica en la petrolera, que la podría dejar vulnerable y sometida ante Estados Unidos. El espejo futuro de esto podría ser lo que hizo el Departamento del Tesoro con PDVSA, la petrolera venezolana, cuando ante la corrupción institucional bloqueó todas sus propiedades e intereses, además de limitar sus transacciones financieras internacionales.
El choque entre Gertz Manero y Scherer, quienes trabajaron al alimón los casos de Ancira y Gil White, no sólo fracturó al grupo compacto de López Obrador, sino que colocó al Gobierno en una situación muy delicada, de proceder las demandas, donde la falta de cuidado para evitar la implosión, podrá acarrearle consecuencias internacionales que no se imaginaba.
