La terminación de las obras del libramiento carretero poniente se prolongará hasta los meses de abril, mayo o hasta junio, pero además su costo se tendrá que cuadrar debido a que el Gobierno y la empresa concesionaria no se han arreglado con los ejidatarios que demandaron por la afectación de sus tierras con la ejecución de ese proyecto.
Empresarios del ramo y trabajadores que participan en la obra señalaron que, si bien es cierto que los tiempos de la obra se colgaron más por las lluvias atípicas que se presentaron este año, fue el mar de problemas que rodean al proyecto lo que más ha impactado en los tiempos para el desarrollo y terminación del segundo tramo de la carretera.
“Hay varios puntos a lo largo del libramiento que no han sido atacados porque está pendiente el problema legal por las demandas que presentaron los ejidatarios, pero también los trabajos se alteraron porque varias de las empresas se desentendieron por períodos prolongados de los trabajos por los que se les contrataron porque no se les pagaba con oportunidad, y luego vinieron las lluvias para demorar aún más el desarrollo de la obra”, explicó uno de los constructores que participa en el proyecto.
La verdad, aseguró, se trata de un proyecto encantado por todo lo que ha sucedido desde que se planeó y por todo lo que ha pasado después en cada etapa, por lo que “ya se sabía que no se cumpliría el ofrecimiento de las autoridades para la terminación, por lo que la invitación que se le hizo meses atrás al presidente Andrés Manuel López Obrador para visitar Aguascalientes, específicamente para inaugurar la obra concesionada, ahora tendrá que esperar porque cuando bien nos vaya los trabajos estarán terminados allá por abril, mayo, si no es que hasta junio o después, pues eso depende de muchas cosas que todavía no están bien amarradas, como el asunto de la indemnización a los ejidatarios por la afectación de sus tierras”.
Por este motivo se disparará todavía más el costo final del proyecto carretero, debido a que los dueños de los terrenos cuentan con la defensa del amparo que se les otorgó por la afectación, por lo que finalmente el Gobierno o los concesionarios les tendrán que dar a los afectados lo que ellos exijan por sus tierras, puesto que con el amparo que ganaron ya no se les pueden expropiar las mismas, como lo pretendió en su momento el Gobierno.
“La irresponsabilidad de las autoridades está siendo enmascarada por el tema de las lluvias, al atribuirle al agua la demora en la terminación del libramiento, pero la verdad es que no hubo ni siquiera la supervisión requerida para las obras de este tipo, además de que se minimizó el asunto de las demandas y amparos que promovieron los ejidatarios afectados, siendo éste uno de los temas que están pendientes y que le costarán un desembolso adicional muy importante al Gobierno”, aseguró el constructor entrevistado sobre el particular.
