El Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito falló ayer a favor de Línea Express en el juicio de amparo que promovió contra Gobierno del Estado y la Coordinadora de Movilidad, por lo que sus 86 unidades que fueron inhabilitadas del servicio hace 13 meses volverán a operar en las rutas que tenían y además recibirán una indemnización millonaria por las pérdidas económicas que le generó la medida unilateral y represiva que tomaron en su contra las autoridades que regulan la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad.
El Gobierno del Estado será notificado, a través de la Sala Administrativa, de la decisión irrevocable que tomó el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, por lo que Línea Express tendrá que ser habilitada para reanudar la operación de sus camiones hasta antes de que en forma dolosa se ordenara el retiro de las mismas, luego de que los 33 socios de esa empresa transportista se negaron a “prácticamente regalar” sus concesiones y unidades a la compañía ADO, como lo pretendían las autoridades.
De acuerdo al resolutivo tomado sobre el caso de Línea Express, Gobierno del Estado no sólo tiene que reconocer y respetar las concesiones de los socios de esta empresa, sino que además tendrá que cubrir los daños y perjuicios que le generó por retirar los 86 camiones del servicio, entre ellos los primeros camiones chinos que se compraron con financiamiento oficial y que luego las mismas autoridades pretendieron apropiarse mediante una serie de presiones contra los camioneros castigados.
“Con el resolutivo que se tomó sobre el amparo que promovimos directivos y socios de la empresa, ya sólo es cuestión de que se le notifique a la Sala Administrativa para que esta a su vez haga lo propio a quienes tomaron la medida, a fin de que se respeten nuestros derechos en todos sus términos y para que con ello podamos regresar a prestar el servicio en las rutas que veníamos cubriendo hasta antes de que se tomara la medida ilegal en nuestra contra”, declaró ayer a HIDROCÁLIDO el presidente del Consejo de Administración de Línea Express, Jaime Carranza Ochoa.
Asimismo y luego de señalar que el juicio se prolongó por casi 13 meses, pues fue justamente el 28 de agosto de 2021 cuando se ordenó y ejecutó con la fuerza pública la inmovilización de los autobuses de Línea Express, el representante de los concesionarios señaló que hasta el momento suman más de 53 millones de pesos lo que se reporta en pérdidas o daños por tener “encerrados” los 86 camiones, cuya cantidad le tendrá que cubrir la autoridad que obró de manera ilegal en contra de los prestadores del servicio.
La decisión del Juzgado de Distrito es irreversible e inatacable, por lo que el Gobierno ya no tiene ningún recurso para tratar de desconocer o alargar el juicio, ante lo cual ya únicamente se tiene que esperar a que se notifique el acuerdo que se tomó en la sesión pública de ayer, para que se reconozcan los derechos de los empresarios afectados, se reintegren las unidades al servicio de transporte urbano y se pague las afectaciones que se provocaron por la arbitraria inhabilitación de los 86 camiones de Línea Express.
