Nueva York, 3 oct (EFE).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no apoyaron en marzo pasado el cierre de la frontera con México ordenado por la Casa Blanca, cuyo objetivo supuestamente era frenar la propagación del coronavirus, que por entonces ya había contagiado a casi 15.000 personas y matado a más de 200, según el diario The Wall Street Journal (WSJ).
Durante el evento público en el que se anunció la medida, el pasado 20 de marzo, en la Casa Blanca, el Secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, aseguró que los CDC habían determinado que el coronavirus presentaba «un serio peligro para los inmigrantes, para nuestro personal de primera línea, agentes y oficiales y para el pueblo norteamericano».
Sin embargo, el rotativo sostiene que, de acuerdo a una revisión de los documentos internos del Gobierno y entrevistas con personas involucradas en el proceso, dicha medida «fue impulsada por funcionarios de inmigración en la Administración a pesar de las objeciones de altos funcionarios de los CDC», que es, en última instancia, la autoridad para emitir una orden de estas características.
Según el WSJ dichos funcionarios advirtieron de que la promulgación suponía un uso inadecuado de los poderes en salud pública.
El mismo día que se anunciaron los cierres de las fronteras con México y Canadá, el Gobierno de EE.UU. emitió la orden, que afecta a los migrantes que solicitan asilo.
«Esta política logra el objetivo perseguido dese hacía mucho tiempo, y que los funcionarios de la Administración Trump habían discutido públicamente, de desalentar o evitar que los migrantes en la frontera sur presentasen solicitudes de asilo», sostiene el periódico neoyorquino.
El 10 de junio, tras una demanda de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) contra la política del Gobierno del presidente Donald Trump de usar normas de salud para expulsar a menores de edad sin el proceso debido, un juez federal detuvo la deportación de un niño hondureño de 16 años.
El WSJ insiste en que, según las fuentes y documentos consultados, «la orden se encontró con una profunda resistencia por parte de los funcionarios de los CDC» y en que «no fue concebida por expertos en salud pública sino por Stephen MiIler, el principal asesor de inmigración de Trump, quien presionó tanto a la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de EE. UU. como a los CDC para que exploraran su viabilidad».
Esta información vendría a confirmar las denuncias realizadas desde marzo por parte de grupos de defensa de los derechos civiles, que aseguraron que el principal objetivo de la medida era una nueva vuelta de tuerca en el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno del presidente Trump.
