“La lucha contra el crimen partió de un objetivo:
garantizar la seguridad del país y rescatar
los espacios públicos. Nada se ha cumplido”.
Ricardo Ravelo
La semana pasada el Gobierno de Estados Unidos ofreció hasta 400 millones de pesos por cuatro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Los jóvenes “emprendedores” son miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a cargos federales por su intervención en el tráfico ilícito de droga, según establece el comunicado de Prensa de Antony J. Blinken, secretario de Estado, emitido el 15 de diciembre del 2021.
Los 5 millones de dólares ofrecidos por cada uno de ellos serán pagados por la información que conduzca al arresto y/o condena de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Hijos todos de “El Chapo”, pero de diferentes mujeres.
La millonaria suma contrasta con la ausencia de interés del Gobierno mexicano por combatir a los cárteles, pues mientras en el país del norte ponen precio para su localización y aprehensión, aquí los liberan del yugo yanqui, como fue el caso de Ovidio Guzmán, beneficiado por la decisión presidencial cuando fue detenido el 17 de octubre del 2019 en Culiacán.
Incluso el pasado jueves 16 de diciembre, un día después de la publicación de la recompensa gringa, el presidente López Obrador volvió a defender a los criminales, bajo el argumento de la soberanía nacional; “si están en territorio nacional a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia, ni en ninguna otra, en nuestro territorio, nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo, de acuerdo a las investigaciones que se llevan a cabo en México”, el problema es que no hace nada su Gobierno, porque insiste en que no es su prioridad el combate frontal; “no se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal… la función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de operativos para detener capos”, dijo en febrero del 2019 y optó por su remedio casero, acusar a los malosos con sus mamacitas, remedio que no funcionó, acumula casi 108 mil homicidios dolosos en tres años de Gobierno, la cifra histórica más alta de los seis últimos sexenios, prueba de que su política fracasó.
Tampoco se ve probable que surja quién se atreva a denunciar a los “Chapitos”, pese a la jugosa suma (100 millones de pesos), ya que existe otra cuantiosa recompensa, la de Ismael “El Mayo” Zambada García, integrante del Cártel de Sinaloa, de quien se dice es el “capo di tutti capi”, a quien el miércoles 22 de septiembre del 2021 Estados Unidos triplicó la recompensa a 15 millones de dólares, mientras que por Rafael Caro Quintero ofrecen 20 millones de dólares, sin que exista hasta el momento el valiente que les ponga dedo.
Por otro lado resultaría infantil pensar que ese poderoso grupo delincuencial -el Cártel de Sinaloa- opera sin la connivencia de autoridades, ya que según la organización Insight Crime, opera en 17 estados mexicanos y en por lo menos 50 países, teniendo sólo como rival al también poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El poder corruptor del dinero de los grupos de la delincuencia organizada ha penetrado a las instituciones, incluido el Ejército, así lo acreditó nuevamente el Gobierno de Estados Unidos al detener al ex-secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, posteriormente liberado a petición del Presidente, y exonerado fast track por la Fiscalía General de la República, no así por el Gobierno de Estados Unidos.
Un foco rojo también se encendió en las pasadas elecciones, el crimen organizado irrumpió quitando y poniendo a sus candidatos, sentando en la silla de Gobierno a militantes de MORENA a plomo y plata, dejando una estela de 107 políticos asesinados y más mil agresiones, pese a ello para el Presidente las cosas salieron bien y los felicitó, a los delincuentes claro; “…los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien”.
El crimen organizado quita y pone candidatos, cogobierna, decide y determina, invierte y destruye, es el todopoderoso que ha diversificado sus nefandos nichos de mercado, siendo la producción, importación y distribución de la droga una de sus modalidades, pero amplió operaciones al secuestro, tráfico de personas, trata de blancas, extorsiones, cobro de piso y hasta la ejecución de obras públicas.
En México el desinterés por encontrar la ruta del dinero de los narcos es de tal tamaño, que la Unidad de Inteligencia Financiera persigue a políticos de oposición, no a los narcos.
Finalmente, son nuestros narcos…
