Escala la exigencia de la Comunidad Universitaria para que la rectora Sandra Yesenia Pinzón y demás autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes dejen de lado la actitud complaciente para que se pueda esclarecer la estafa que le generó un quebranto económico de más de 213 millones de pesos a la Máxima Casa de Estudios.
Al tiempo que un grupo de profesores presentó ante la misma Contraloría Universitaria una ampliación de la denuncia por la llamada Estafa Ponzi, otros catedráticos demandaron la separación del cargo de la rectora Pinzón Castro, supuestamente por formar parte del grupo que en los últimos años se dedicó al presunto saqueo de las arcas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En la ampliación de hechos que se presentó ayer se documenta que desde el año 2021 diversos medios nacionales hicieron pública la estafa operada con los bonos de CORAFI, la cual era investigada por la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. El asunto fue incluso mencionado por el Presidente de la República en una de sus mañaneras.
Pese a estas advertencias, en forma inexplicable la UAA decidió conservar esos bonos. El último aviso se dio el 17 de marzo de 2023, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria para una asamblea de los tenedores de certificados bursátiles en problemas, mencionando por su nombre a CORAFI, la intermediaria con la que trabajaron la UAA y otras dependencias públicas en Aguascalientes.
Catedráticos dicen: “La Junta de Gobierno debe llamar a cuentas a la rectora Sandra Yesenia porque es evidente que ella forma parte importante de la red de corrupción que durante años ha operado al interior de la Autónoma y porque desde que salió a la luz pública la estafa ha actuado con total complicidad para obstaculizar las investigaciones, cuando su papel es la de defender los intereses de la institución”, mencionó uno de los catedráticos que aseguró conocer las entrañas del grupo que tiene controlada a la Universidad.
Sobre el particular, los profesores universitarios consultados mencionaron que si bien es cierto que a la rectora Pinzón se le debe dar el beneficio de la duda en torno a la estafa multimillonaria de que fue objeto el alma máter, sin embargo está obligada a transparentar las cosas a fin de que se pueda borrar de ella cualquier sospecha de una posible responsabilidad o beneficio del robo cometido contra la UAA.
De igual manera, en un documento que circula entre los mismos catedráticos, se advierte que “el silencio y la inacción de la Contraloría confirman la idea de que todo se ha dado en un marco de corrupción, negligencia y encubrimiento, en el que la UAA no puede seguir presentándose como víctima, pues autoridades de primer nivel participaron en forma directa, lo cual se confirmó con la separación de su cargo del director general de Finanzas”.
En ese marco y tras denunciar el sospechoso silencio asumido no sólo por la rectora sino también por la misma Contraloría Universitaria, los catedráticos entregaron al Consejo Universitario nuevos elementos que prueban la presunta participación y encubrimiento del ex-rector Javier Avelar González, la actual rectora Sandra Yesenia Pinzón Castro y otros funcionarios de la Autónoma en la estafa, frente a lo cual exigieron que se transparente la operación, se expulse de la institución a quienes estén involucrados en la misma y formen parte de la red de corrupción que ha dañado el buen nombre de la Máxima Casa de Estudios del Estado.
