Chilpancingo (México), 7 oct (EFE).- Alrededor de un millar de policías comunitarios marcharon este jueves en contra de la legislación que promueve la eliminación de estos cuerpos de seguridad en el estado de Guerrero, sur de México.
Durante la marcha celebrada en Chilpancingo, capital de Guerrero, los manifestantes demandaron la derogación de las reformas legales aprobadas en 2018 que plantean la desaparición de las policías comunitarias y también criminaliza su sistema de justicia.
Los policías comunitarios y sus autoridades llegaron a la capital procedentes de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Las Juntas, El Paraíso y Zitlaltepec, todas en zonas indígenas de la región Montaña y Costa Chica, así como de Tixtla y Acapulco.
Integradas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), durante la marcha exhibieron una manta con un mensaje que pedía la «cancelación de regresivas reformas a la Constitución (Art 14) y a la Ley 701 del Estado de Guerrero».
La ley 701 promulgada en 2011 en Guerrero reconoce los derechos y cultura indígena de Guerrero y entonces admite la existencia de una policía comunitaria no obstante que la limita a regiones indígenas del estado.
En 2018, antes de cerrar la LXI legislatura, el Congreso local aprobó reformas en las cuales se desaparece la figura de la Policía Comunitaria, una iniciativa impulsada por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
A diferencia de los grupos de autodefensa o policías ciudadanos la Policía Comunitaria tiene reconocimeinto internacionalmente por su organización y sistema de justicia creado hace 24 años, el cual ha contenido la incidencia delictiva en sus zonas de influencia.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, criticó que en un momento de crisis en la seguridad, las autoridades se preocupen en neutralizar y criminalizar a las autoridades comunitarias que han dado seguridad en sus regiones.
La marcha hizo una parada en la llamada Ciudad Judicial de Chilpancingo para exigir al Poder Judicial cesar el acoso contra ese sistema de justicia pues se ha dedicado a amparar a los criminales que son detenidos por la CRAC y los pone en la indefensión.
Diputados locales comprometieron a mediar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces federales acaten los tratados de derechos de los pueblos indígenas y también a analizar la reforma a la Ley 701.
