OAXACA, Oax., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- «Claro que tengo miedo», sentencia María Elena y hace una pausa. «Por mí y por mi familia», continúa. La decisión del juez Teódulo Pacheco Pacheco de excarcelar a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió el 9 de septiembre de 2019, tipificado como tentativa de feminicidio, le robó a la joven mixteca la poca tranquilidad que había podido recuperar desde ese día que cambió su vida.
Recobrando fuerza, la saxofonista, activista y defensora recuerda que fue contando a través de Twitter lo que sucedió en esa audiencia que parecía interminable. Se prolongó por seis días enteros.
En el séptimo día que llevaba sin dormir, luego de darse a conocer la resolución del juez para otorgarle prisión domiciliaria al exdiputado priista, María Elena confiesa a EL UNIVERSAL, con evidente cansancio en la voz, sus temores, pero también su anhelo de justicia.
Durante todo este tiempo María Elena ha viajado constantemente de Oaxaca a la Ciudad de México y viceversa para acudir a quien le ofrezca ayuda para evitar que el imputado salga del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, en los Valles Centrales de Oaxaca.
Mientras tanto, en los medios y en las redes sociales, personajes políticos, activistas, organizaciones y personas de la sociedad civil se indignan ante la determinación de un juez que decidió promover sus vacaciones, justo cuando vencía el plazo para interponer la impugnación al fallo de la audiencia que permitía a Vera Carrizal llevar el proceso desde su domicilio.
A María Elena y su equipo legal no les avisaron que el juez había notificado ya por escrito lo que se resolvió en la audiencia. Se enteró menos de 12 horas antes y viajó de la Ciudad de México a Oaxaca para entregar la documentación correspondiente a la impugnación.
De acuerdo con la joven, la revisión del recurso puede tardar hasta cuatro meses. Mientras tanto, una jueza ordenó la suspensión del traslado de Vera Carrizal a su domicilio, pues no cumple las condiciones para evitar que se fugue.
Antes, tanto el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometieron a dar seguimiento puntual al caso y reprobaron el actuar del juez.
Luego de entregar la impugnación a la resolución del juez, mismo que se fue de vacaciones en el periodo en el que se presentó el documento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que interpuso una apelación a la resolución dictada por Pacheco Pacheco.
Además, organizaciones como Consorcio Oaxaca condenaron el fallo. «Acompañamos la indignación de María Elena, sobreviviente de tentativa de feminicidio, y nos sumamos a la exigencia de justicia».
Mientras tanto, María Elena asegura que tras dilaciones y obstáculos para que la justicia llegue a su caso, ha solicitado al menos en cuatro ocasiones que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), sin éxito, pues su lucha desde hace más de tres años le ha hecho perder la confianza en las instituciones encargadas de la impartición de justicia en el estado de Oaxaca.
El caso de María Elena ha estado en manos de tres fiscales estatales: Rubén Vasconcelos Méndez, en cuya administración la joven saxofonista dio datos cruciales para la detención de Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Juan Vera Carrizal, y quinto implicado en el caso. El fiscal no le atendió la llamada donde le proporcionaría la ubicación exacta del sujeto para su aprehensión.
Luego llegó Arturo Peimbert Calvo, quien tampoco pudo ejecutar la aprehensión del quinto presunto responsable del único ataque con ácido documentado en el estado.
«Me dijo que no puede detener al quinto implicado porque no quiere meterse en problemas, que el tema es una ‘papa caliente’ que nadie la quiere, porque ellos son muy poderosos», contó María Elena a EL UNIVERSAL, cuando se cumplieron tres años del ataque del que fue víctima.
Ahora, el caso queda en manos de Bernardo Rodríguez Alamilla, quien fue nombrado el 25 de enero. Tras su designación, la fiscalía se compromete a dar atención y acompañamiento integral para Ríos Ortiz a partir de una «nueva política» sustentada en las perspectivas de derechos humanos y género».
Sin embargo, el historial de opacidad mantiene en Malena la determinación de que su caso sea atraído por el orden federal. Al respecto, la Fiscalía General de la República anunció que cooperará con elementos técnicos y periciales; no obstante, dijo que el caso continúa en manos de la fiscalía estatal, pues es un delito del fuero común.
