Morelia (México), 14 oct (EFE).- El asesinato de al menos 13 policías estatales por parte del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de la Aguililla, en el estado de Michoacán, provocó en las últimas horas el arranque de una ofensiva oficial contra narcotraficantes en esta región mexicana.
Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en Michoacán, confirmó a medios que diversos grupos de agentes de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, patrullan desde este lunes comunidades, carreteras y caminos de terracería del municipio de Aguililla, donde ocurrió el ataque.
El jefe de la Policía Estatal reveló que las víctimas formaban parte de un grupo de 41 policías que, a bordo de cinco patrullas, iban a recoger a una mujer y a su hija para apoyarlas en el traslado ante un juez de la región, por un litigio de carácter familiar.
«Hay -en Aguililla- un grupo de civiles armados asentado en esta zona, desconocemos a qué grupo pertenecen, sin embargo, sabemos que son civiles armados», dijo el funcionario.
La Fiscalía General del Estado (FGE), instancia encargada de las investigaciones, recabó diversas evidencias en el poblado de El Aguaje, zona del ataque, donde dos de las cinco patrullas quedaron calcinadas al ser atacadas a balazos y con granadas de fragmentación.
En las patrullas restantes, la FGE encontró cartulinas con misivas en las que el CJNG se atribuyó el ataque y advirtió de nuevos atentados contra las fuerzas de seguridad.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que este ataque acontecido en la peligrosa región de Tierra Caliente no quedará impune y evidenció la falta de coordinación de las áreas de seguridad de la federación, estado y municipio.
A su vez, el diputado Javier Estrada Cárdenas llamó a los distintos niveles de gobierno a buscar un mecanismo de coordinación no sólo contra el crimen organizado, sino para atender también delitos del fuero común como asaltos, robos a viviendas y secuestros.
De acuerdo a información de la Fiscalía General de la República (FGR), Aguililla es el municipio natal de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder absoluto del CJNG y considerado como el narcotraficantes más buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos.
Fuentes del servicio telefónico de emergencias 911, que depende del Gobierno de Michoacán y conoce el despliegue de policías y corporaciones de auxilio, revelaron a Efe que previo al ataque no existía el registro de patrullajes en Aguililla por parte de la Guardia Nacional, el cuerpo militar-policial que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La cifra de fallecidos baila entre los 13 o los 14 elementos de la Policía estatal.
Según informó la Fiscalía de Michoacán a Efe, 13 personas fueron encontradas muertas en el lugar de los hechos, mientras que el decimocuarto fue encontrado gravemente herido, y dado por muerto en un primer momento. Actualmente está siendo atendido en un hospital, y su vida corre gran peligro.
UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON VACÍOS
El Gobierno de México trató este lunes de presentar sus magros resultados en materia de seguridad bajo una luz positiva al destacar que hubo una «inflexión en la tendencia de crecimiento» en las cifras de homicidio. Es decir, que siguen al alza los asesinatos, pero crecen a menor ritmo.
Paralelamente, la noticia del asesinato de estos 13 policías estatales en Michoacán se daba a conocer, inundando los portales digitales de los principales medios de comunicación y ejemplificando que la tarea que queda por hacer en el país en materia de seguridad es de gran calado.
Esta masacre «pone en evidencia, por un lado, las decisiones improvisadas que se han adoptado en materia de seguridad pública por las áreas civiles del Gobierno, y por el otro esta forma de desconocer o tratar de ignorar la violencia abierta que ejercen estos grupos», dijo este lunes a Efe el experto en seguridad Javier Oliva.
Para el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si bien es positiva la estrategia centrada en la prevención de la violencia y la atención a las causas que impulsa López Obrador, resulta primordial fortalecer policías municipales y estatales y reformar el sistema judicial.
«Mientras no haya una reestructuración a fondo del sistema penitenciario a nivel de los estados y a nivel federal, ni haya una clara decisión de robustecer el sistema penal acusatorio, los esfuerzos seguirán siendo dispersos y de poco efecto», remarcó.
Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019 el país ha registrado 23.063 asesinatos.
Michoacán ejemplifica esta ola de violencia, pues se registraron 1.192 homicidios dolosos en los primeros ochos meses, y solo 202 de ellos fueron en agosto, el mes más violento del año para este estado, uno de los más pobres del país.
Si se comparan los asesinatos de agosto de 2019 con los del mismo mes del año anterior, el incremento en la región es de más de 46,4 %.
El choque armado de este lunes no es el primer suceso brutal que vive el estado en meses recientes.
El pasado 8 de agosto aparecieron en Uruapan, una importante localidad agrícola, 19 cadáveres en la ciudad, varios de ellos colgados de un puente.
