México, 26 sep (EFE).- Centenares de personas acompañaron este sábado a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en una manifestación que transcurrió por el centro de Ciudad de México para exigir justicia el día en el que se cumplieron seis años de la tragedia.
La marcha, plagada de cubrebocas por la pandemia de COVID-19, transcurrió entre cánticos y pintadas en las paredes desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta la céntrica plaza del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
«Lo más importante es que no tenemos a los 43, no sabemos el paradero de nuestros 43 compañeros, por eso decidimos en esta jornada de septiembre salir a las calles, cuando sabemos que hay una pandemia», expresó el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mítin en el Zócalo.
Frente a una plaza medio llena debido al campamento que días antes instaló un movimiento ultraconservador contrario al Gobierno, Rosales dijo que si las empresas pueden reabrir en plena pandemia, las víctimas no estarán «esperando a que les den permiso para salir a las calles».
La manifestación, que transcurrió sin grandes incidentes, paró unos minutos frente al monumento de un +43 rojo, el cual fue instalado por manifestantes en 2015 en el centro de la capital, donde leyeron los nombres de los 43 desaparecidos.
Los protestantes corearon los tradicionales cánticos de «26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa», «Vivos se los llevaron, vivos los queremos» y «Ayotzinapa vive, la lucha sigue».
Durante el mitin, el abogado de las familias celebró que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciara este sábado que hay órdenes de captura contra militares y policías federales vinculados a la desaparición.
«Hoy están abiertas las investigaciones. Tenemos órdenes de aprehensión contra militares que se están librando, contra policías federales que también están saliendo y que pronto van a ser detenidos», expresó Rosales, quien sin embargo insistió en que todavía se debe esclarecer el paradero de los jóvenes.
Además, criticó al anterior Gobierno «fascista» y «criminal» de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por entorpecer entonces la investigación de los hechos y crear una falsa versión oficial, conocida como «verdad histórica».
Según ese polémico relato, los jóvenes estudiantes de magisterio fueron detenidos por policías locales corruptos que los entregaron al cártel Guerreros Unidos, el cual los asesinó e incineró en un basurero.
Un relato que siempre fue cuestionado por los familiares y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que negaron que pudieran ser calcinados en ese lugar e implicaron en los hechos al Ejército y a la Policía Federal.
El actual Gobierno, que reabrió la investigación, desacreditó todavía más la versión de Peña Nieto cuando en julio se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que fue asesinado.
En un acto previo a la manifestación en el Palacio Nacional, López Obrador ofreció «disculpas» en nombre del Estado a los familiares de las víctimas, mientras que estos le pidieron «apretar» la investigación.
La Comisión por la Verdad, creada en 2018 por el presidente con la Fiscalía y los familiares, detalló este sábado que se han realizado 30 búsquedas en 6 municipios, hay 80 detenidos por el caso y se han lanzado 70 órdenes de captura contra policías municipales y federales, elementos del Ejército, funcionarios del Ministerio Público y miembros del crimen organizado.
Además, se busca la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, huido a Israel y acusado de torturar a presuntos implicados e inventar pruebas para crear la «verdad histórica» y cerrar el caso.
