CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Economía (SE) iniciará un juicio de anulación del laudo que los obliga a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration.
El fallo se dio contra el gobierno mexicano por haberle negado a dicha firma el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur, resolución que se a conocer la semana pasada por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La dependencia dijo que durante proceso el gobierno «demostró que la empresa no cuenta con experiencia para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino».
La indemnización de 37.1 millones de dólares «representa alrededor del 1.18% del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje».
La Secretaría de Economía dijo que entre 2016 y 2018, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto «Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego».
La obra, a realizarse en el Golfo de Ulloa, tuvo a socios como Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistió «en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 m) del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte».
«En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros», dijo la Secretaría.