México, 4 jul (EFE).- El Gobierno de México reafirmó este jueves que no modificará los requisitos para entrar a la Guardia Nacional pese a las recientes protestas de policías federales, y atribuyó las presiones recibidas a políticos opositores e incluso el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, pidió además a los policías inconformes que «han abandonado sus puestos» que regresen sus armas y vehículos.
«En este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional», dijo en una rueda de prensa.
Centenares de agentes de la Policía Federal se manifestaron este miércoles en contra de su incorporación en la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública, y anunciaron una posible huelga.
Tan pronto se produjo el suceso, tanto Durazo como el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendieron la creación de la Guardia Nacional y la eliminación de la Policía Federal en 18 meses, garantizando que los elementos del segundo órgano serán todos reubicados en otras posiciones si así lo desean.
Pese a esto, las protestas, aunque menos multitudinarias, han continuado este jueves, bajo la sombra de un posible paro nacional.
Para apaciguar los ánimos, Durazo remarcó este jueves que ya se estableció una mesa de negociación y que se logró «parcialmente» liberar las vialidades públicas bloqueadas por los inconformes en Ciudad de México.
Ello para establecer un «diálogo respetuoso» para encontrar las «mejores soluciones» y así respetar la «situación laboral y la dignidad personal» de los policías.
No obstante, reiteró que no se cambiarán los requisitos ni el reglamento para incorporarse a la Guardia Nacional, que conformada por policías federales, militares y marinos fue impulsada por el presidente López Obrador.
Entre los requisitos para formar parte de la Guardia está el tener entre 18 y 30 años, tener una altura determinada, buenas salud física y mental o no tener tatuajes grandes y visibles, entre otros puntos.
Durazo reconoció «fallas» en la implementación porque hubo muchos cambios por falta de «comunicación interna». Pero aseguró que no habrá ningún despido, pero sí reubicaciones a distintos órganos de gobierno, como el Instituto Nacional de Migración (Inami) o a Aduanas, para aquellos federales que no quieran entrar a la Guardia.
Si se entra la Guardia Nacional, se respetarán salarios y ciertas prestaciones.
ARREMETE CONTRA LOS INCONFORMES
Pese a apostar por el diálogo, Durazo fue muy duro con los policías insurrectos, alegando que la falta de comunicación institucional ha sido aprovechada por «críticos sistemáticos del gobierno», y denunció también a la «cobertura mediática que ha dado una incorrecta percepción» de la situación.
Alegó, como hizo horas antes López Obrador, que hay gente detrás esta disconformidad policial que no integran la institución y están «ligados a grupos de interés».
Algunos tendrían vínculos con empresas privadas que firmaron jugosos contratos con la Policía Federal, por ejemplo en programas de inteligencia con sobrecostos, y que ya se están investigando.
Alegó incluso que uno de los «activistas» del movimiento contrario a la Guardia Nacional estuvo varios años preso por secuestro.
Criticó también que el Gobierno mexicano contratara a 40.000 policías privados para vigilar edificios públicos, e insinuó que había empresas beneficiadas en estos contratos. Ahora, se buscará que policías federales ocupen estas plazas.
En días recientes, el expresidente Calderón criticó el trato que recibe la Policía Federal, así como la posición gubernamental.
Con relación a este tema, Durazo dijo que «es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional».
Finalmente, aseveró que la Policía Federal fue un cuerpo «históricamente abandonado» y que sus fallas llevaron precisamente a Calderón a utilizar al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad pública.
