México, 22 jul (EFE).- El Gobierno mexicano afirmó que ha bajado en 36,2 % el número de migrantes que llegan a Estados Unidos desde México, un logro que el canciller Marcelo Ebrard atribuyó este lunes a la aplicación de las leyes y que le da al país un nuevo respiro ante la presión de Washington.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard detalló el contenido de su reunión del domingo con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo.
Indicó que desde el acuerdo alcanzado el pasado 7 de junio con Estados Unidos, «el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la Ley de Migración, ha llevado a que tengamos una reducción del flujo migratorio de alrededor de 36,2 %».
La reducción mencionada por el canciller corresponde a la diferencia entre el promedio diario de migrantes que llegaron a la frontera norte en la semana previa al acuerdo (4.156) y la media de la semana del 13 al 19 de julio (2.652).
Desde el acuerdo del 7 de junio, México ha intensificado los esfuerzos contra la migración con la presencia de la nueva Guardia Nacional y más agentes migratorios en las fronteras del país. A cambio, Estados Unidos retiró provisionalmente la amenaza formulada por el presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos.
La visita de Pompeo coincidió con el fin primer periodo -a los 45 días- de evaluación de las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano previsto en el acuerdo. Pero Ebrard enfatizó que las acciones mexicanas responden a «una estrategia adoptada por México conforme a su ley y sus decisiones».
«Para México es un motivo de preocupación permanente que haya un flujo tan grande de personas a las que no podemos proteger, porque son anónimas; entonces, se ha procedido a aplicar lo que las leyes mexicanas disponen», expuso.
Explicó que en la reunión con Pompeo se hizo ver «que las decisiones que México ha tomado han sido eficaces y hemos podido responder a una preocupación propia, que es que quienes transcurran por nuestro territorio lo hagan conforme a las normas mexicanas».
Añadió que el Gobierno estadounidense respeta esas decisiones y los resultados obtenidos, y que él y Pompeo acordaron reunirse de nuevo en 45 días en Washington para evaluar este y otros temas de la agenda bilateral.
Por otro lado, indicó que habló con Pompeo sobre el plan mexicano para fomentar el desarrollo de Centroamérica para frenar la emigración.
«Le hicimos saber que el viernes se inició el programa Sembrando Vidas en El Salvador con financiamiento de México, que se convierte en el país con la acción de cooperación más grande en El Salvador para empleo inmediato, y próximamente lo será también en Honduras», dijo Ebrard.
Agregó que se requiere «una corresponsabilidad y un compromiso mayor de Estados Unidos respecto a la inversión de Honduras, El Salvador y Guatemala».
Adelantó que en los próximos 45 días continuará la misma política migratoria, pero con un elemento adicional, que es el mejoramiento de los albergues para migrantes, la mayoría de los cuales «están mal» e incluso tienen «un estado terrible».
Indicó que López Obrador ha manifestado su inconformidad por las condiciones prevalecientes en esos centros y el trato que reciben los migrantes, por lo que ordenó que el Instituto Nacional de Migración (INM) presente esta semana un nuevo modelo de estación migratoria y un plan de trabajo.
Ebrard reveló que el mandatario ordenó destinar 60 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares) para este objetivo. «Habrá otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con el presupuesto del Instituto Nacional de Migración», dijo.
«Hay que hacer un esfuerzo inmenso, y no tanto en dinero; también en mantenimiento y en trato», manifestó.
Interrogado por periodistas sobre lo que ocurrirá una vez transcurrido el segundo periodo de evaluación de 45 días, Ebrard replicó: «Yo creo que lo que va a pasar es que se va a consolidar la tendencia de lo que vimos ayer; es decir, por interés propio México tiene que regular ese flujo y lo vamos a hacer».
La directora general de la organización civil Sin Fronteras, Ana Saiz, dijo este lunes a Efe que no obstante las declaraciones optimistas de Ebrard, «la amenaza (arancelaria) sigue ahí, simplemente se amplía otros 45 días».
Indicó que el Gobierno mexicano y el canciller son muy enfáticos en decir que en su política migratoria simplemente se está aplicando la ley mexicana. «Pero no se aplica gran parte de la ley que protege los derechos humanos», abundó.
«El canciller solo menciona normas que refieren a la detención y deportación», expuso Saiz, y añadió que esta es la misma crítica que se le hacía al Gobierno anterior presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«No estamos viendo una solución distinta u original, o que se apliquen las normas mexicanas que implican la protección de los derechos humanos», puntualizó.
