México, 16 jun (EFE).- Los mexicanos han iniciado su «nueva normalidad» contagiados por una fiebre de protestas contra el abuso policial y la gestión de la crisis económica y sanitaria de la COVID-19, que suma más de 150.000 contagios y más de 17.580 muertos.
La ola de manifestaciones arrancó la primera semana de junio, días después del inicio del plan de reactivación del Gobierno, tras difundirse la muerte de Giovanni López, un albañil de 31 años arrestado en mayo por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el occidental estado de Jalisco.
Aunque el abuso policial es un problema longevo en México, el movimiento «Justicia para Giovanni» arreció inspirado en las marchas por el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, explica a Efe el investigador Luis Daniel Vázquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
«Los problemas que nosotros tenemos del abuso de la policía son estructurales y son añejos de décadas. ¿Por qué hoy se hace visible? Pues básicamente por un contagio proveniente de Estados Unidos», expone Vázquez, también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especializado en derechos humanos.
Además de Giovanni, en estas últimas semanas también ha habido manifestaciones por las muertes a manos de la policía de Alexander, un joven de 16 años de Oaxaca, de Carlos Navarro de 33 años en Veracruz, y de Jair López, un joven de Tijuana asfixiado como Floyd.
Estos hombres, detalla Vázquez, encajan con el perfil de los más afectados por el abuso policial en México: hombres, pobres y de 16 a 35 años.
«Hay racismo en el caso de México, pero en particular en lo que tiene que ver con violaciones graves, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, yo creo que lo que más caracteriza ese tipo de violaciones es el clasismo», describe.
PROTESTA TRAS PROTESTA
La respuesta policial a las manifestaciones ha generado, a su vez, más protestas.
Mujeres de Ciudad de México crearon el movimiento «Justicia para Melanie» tras los golpes de la policía que sufrió esta adolescente de 15 años cuando protestó el 5 de junio por Giovanni.
En respuesta, cientos de miembros de seguridad de Ciudad de México realizaron este lunes una inusual protesta en la que acusaron al Gobierno capitalino de «criminalizarlos» y de permitir destrozos y saqueos de grupos anarquistas durante las marchas.
La brutalidad policial se ha vuelto un tema político tras el caso de Jalisco, por lo que algunos Gobiernos evaden contener las protestas pese a los daños a particulares y a los elementos de seguridad, argumenta Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
«Eso ha generado un hartazgo de todos los policías. Esa manifestación es solo la punta del iceberg del problema tan serio que se va a venir con las autoridades», advierte Desfassiaux.
Como señal de la incapacidad policial para abordar las protestas, el experto cita que 26.700 agentes en México no aprobaron exámenes de control y confianza, pero las autoridades solo dieron de baja a 1,4 %.
Por ello, propone que el Gobierno federal elabore un protocolo para que la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, releve a policías estatales y municipales, pues 90 % de estos cuerpos «están coludidos» por el crimen.
«Esto ayudaría a evitar que las policías sean un botín político de presidentes municipales, de gobernadores, o inclusive de presidentes, que ya sea una institución transexenal», sostiene.
POLÉMICA «NUEVA NORMALIDAD»
Dentro de la fiebre de protestas en México, también destacan las marchas de meseros, artesanos, entrenadores de gimnasios y hasta empresarios de bares y discotecas que exigen la reapertura de sus negocios.
Aunque las industrias de la construcción, minería y automotriz se reactivaron el 1 de junio, con el plan de la «nueva normalidad», el arranque de otros sectores depende de un semáforo federal de cuatro colores que indica las actividades permitidas para cada estado.
Esta semana 16 de las 32 entidades están en rojo, nivel de riesgo «máximo», y la otra mitad en naranja, riesgo «alto», que ya permite el 50 % del aforo de hoteles, restaurantes, parques, estéticas y gimnasios, además del 25 % en cines, teatros, centros comerciales y templos de culto.
Pese a los reclamos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró este martes que el semáforo debe respetarse porque el brote persiste.
«La epidemia de COVID es una epidemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas seguirá activa en México», manifestó.
