Matamoros (México), 25 ago (EFE).- Cuando se cumplen 10 años de la masacre de San Fernando, los migrantes varados en la ciudad de Matamoros recuerdan con pavor esta tragedia en la que fueron asesinadas 72 personas de diversos países. Y en el campamento donde pernoctan desde hace meses esperando ser llamados por Estados Unidos, temen ser víctimas de una agresión.
Hace justo una década ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia migratoria en México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Las víctimas eran en su mayoría de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Ecuador y Brasil. Todas tenían como objetivo llegar a Estados Unidos.
La matanza fue atribuida al cártel de los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, si bien el episodio no ha sido hasta la fecha resuelto con claridad.
SIN CONCILIAR EL SUEÑO
Una década después, los migrantes que aguardan la respuesta del Gobierno estadounidense sobre su petición de asilo mezclan la memoria de aquella matanza con la realidad que enfrentan en la frontera norte de Tamaulipas, donde han sido enviados mediante el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
«No se puede dormir tranquilo (en el campamento), uno siente el temor de que algo pase. Miras una persona extraña y lo primero es preguntar qué anda haciendo aquí. Es una vivencia que jamás vamos a olvidar, estemos donde estemos», declara a Efe Alejandra Pérez.
Ella funge como líder de los migrantes guatemaltecos en el campamento instalado a orillas del río Bravo en la ciudad de Matamoros.
La mujer, de 25 años y quien llegó a esta frontera con su hijo, afirma que durante la travesía el miedo fue constante porque en el pensamiento estaba presente aquella infamia cometida en contra de migrantes en San Fernando, municipio que se encuentra a 140 kilómetros de Matamoros.
«El temor es de todos los que estamos aquí, sentimos miedos de estar acá, no estamos seguros. (…) Estados Unidos no nos quiere dar esa oportunidad, esperan que pase otra tragedia para ver si se soluciona algo», lamenta la guatemalteca.
Alejandra fue elegida como líder tras la muerte del migrante Rodrigo Castro de la Parra, quien murió ahogado a mediados de agosto en el río cuando intentaba llegar a territorio estadounidense.
HUIR DEL MIEDO
«Eran personas de distintos países que solo buscaban una vida mejor», dijo el pasado domingo el papa Francisco en referencia a este cruento episodio y recordando a estas víctimas mortales «caídas en el viaje de la esperanza».
Hoy, los migrantes siguen acechados por grupos delictivos sin importar en la zona del territorio mexicano en la que se encuentran, y es por eso que a veces prefieren intentar cruzar a su manera que esperar a que Estados Unidos les permita ingresar de manera legal.
«Es desesperante, uno tiene que sacar a su familia adelante, no puedes salir a trabajar por miedo a que te secuestren. Aquí no hay nada de seguridad. Me quisieron secuestrar, tengo pruebas, pero no puse denuncia por el mismo temor», expresa vía telefónica Carlos Luna.
Carlos estaba en pleno proceso de apelación ante una corte estadounidense pero ante la tardanza decidió «rodear» y llegar a Estados Unidos, donde ya trabaja.
Menciona que su esposa se ha quedado con su hijo en el campamento a aguardar la fecha para presentarse de nuevo ante las autoridades que determinarán si se les otorgará el asilo.
Pero él no pudo aguantar la presión de estar desempleado y tomó la dolorosa decisión de dejar a su familia para que continúe con el proceso de asilo, mientras él gana dinero para sostenerlos.
«Con familia, y perder tanto tiempo, no es muy rentable. Gracias a Dios, no me quejo, estoy viviendo bien», señala el hondureño, quien por seguridad no revela ni su ubicación ni su trabajo.
OPACIDAD Y FALTA DE SEGURIDAD
La ONU instó este lunes a las autoridades de El Salvador, Honduras y México «a intensificar los esfuerzos para la investigación» de la desaparición y asesinato de los 72 migrantes de San Fernando, a fin de garantizar «acceso a la verdad y la justicia».
De no ser por los activistas y organizaciones civiles que defienden los derechos humanos, la matanza de los migrantes hubiera sido relegada a una fecha trágica sin justicia.
«Lo que hay es todavía mucha opacidad por parte del Gobierno mexicano. No sabemos a detalle qué fue lo que sucedió y no sabemos cuál fue el entramado de todos estos hechos más allá de caer en el cliché de acusar a integrantes de un grupo criminal», explica a Efe el doctor en Antropología Social Oscar Misael Hernández, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El experto destaca que cuando se cumple una década del suceso hay nueve migrantes que todavía no han sido identificados, y menciona que nada ha cambiado en la peligrosa ruta, pues las vejaciones siguen al orden del día perpetradas tanto por grupos criminales como por las propias autoridades.
En referencia al campamento de Matamoros, el experto opina que si bien es un «acto de protección», se ha descuidado la parte «emocional» y la «espiritual».
Además, continúa, «eso no quita que sigan expuestos a riesgos por parte de grupos criminales que puedan extorsionarlos y amenazarlos», concluye.
