México, 30 ago (EFE).- Los familiares de desaparecidos en México exigieron este viernes al Gobierno acciones reales y que den resultados ante una tragedia que acumula más de 40.000 personas en paradero desconocido, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y más de 3.000 fosas clandestinas.
Madres, padres, hermanos y hermanas acompañados por distintos colectivos de la sociedad civil entregaron a las puertas de Palacio Nacional una caja que contenía 102.000 firmas con una única exigencia: mejorar los protocolos de investigación para lograr tener de vuelta a sus familiares.
No solo la capital clamó por una respuesta, sino que en alrededor de 18 ciudades del país las personas se echaron a la calle como muestra de su indignación en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En Ciudad de México, a las puertas de Palacio Nacional, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia matutina, más de cien personas alzaron la voz rodeadas de fotos en blanco y negro de sus familiares.
En las manos, flores de papel rojas y blancas con las que honrar su memoria en un día que -clamaron- «no tendría que existir».
Los familiares iban acompañados, entre otros, del titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, y del popular actor Diego Luna, fundador de la organización El Día Después.
«Nos negamos a aceptar que México sea un país de fosas, de injusticias o de violencias», apuntó Luna, insistiendo en que exigen a las autoridades «actuar para dar paz y certeza» a esta tragedia.
En esa línea, Jarab quiso «alentar a las autoridades a seguir trabajando con las familias» y animó a «que busquen ayuda forense internacional».
Los distintos colectivos y familiares exigieron que se implemente de manera correcta la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2017.
Consideran que esta no se aplica de manera correcta en los distintos estados del país, donde, aseguraron, las fiscalías no son eficientes.
La fundadora de la organización Guerreras Buscadoras del estado de Sonora, María Teresa Valadez, dijo en su intervención que reconocen «la buena voluntad de (Andrés Manuel) López Obrador» ante el tema de las desapariciones pero que «es necesario que esa voluntad se convierta en acciones concretas».
LA RESPUESTA DEL ESTADO
Desde que en diciembre del pasado año López Obrador tomase las riendas de México, se comprometió a atender con celeridad y contundencia el drama de los desaparecidos en México como un asunto de Estado.
Este viernes el presidente volvió a reiterar ese compromiso aceptando la competencia del comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.
Dicho comité realizará una visita a México en el segundo semestre de 2020.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que «la búsqueda de la personas es responsabilidad del Estado».
«La búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración y el principio rector de búsqueda en vida es fundamental. Y en caso contrario debemos regresar para trabajar a las personas a sus familias de una manera digna», expuso.
Después de su comparecencia, Encinas salió del edificio y recibió de manos de los manifestantes las 102.000 firmas y les garantizó que se reforzarán los protocolos de búsqueda.
LA TRAGEDIA EN CIFRAS
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, explicó este viernes en conferencia de prensa que el número de desaparecidos es «dinámico» y que lo están revisando.
Aún así, pudo precisar que, desde finales de 2006 a la fecha, el Estado mexicano registró de 3.024 fosas clandestinas, principalmente ubicadas en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco, en las que se localizaron 4.974 cuerpos.
Se vio un repunte en los estados de Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua.
En tanto, desde que López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 14 de agosto de 2019, se registró el hallazgo de 522 fosas clandestinas en lo estados de Colima, Veracruz, Chihuahua con 671 cuerpos.
De esos 671 cuerpos se han identificado plenamente 200 y de ellos 116 han sido entregados a sus familiares.
MADRES QUE VIVEN EN VILO
Luego de la entrega de firmas, los familiares comenzaron una marcha desde el Zócalo capitalino hasta el Atrio de San Francisco, un pequeño jardín bajo unos edificios del centro histórico.
Las madres cantaron: «Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están», o gritaron: «Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Una de estas madres, Araceli Rodríguez, contó a Efe cómo es tener un hijo en paradero desconocido desde hace 10 años.
«Se vive sin vivir, se vive con la indiferencia de la sociedad, de las propias autoridades, pero también se vive con incertidumbre y agonía sin saber qué fue lo que pasó», explicó.
A esto agregó que ha aprendido a «convivir con la muerte en vida» y que, aún así, tiene que seguir saliendo a la calle a «exigir que los busquen, que los encuentren, que los regresen a casa».
Araceli, como todas estas madres, convive con las dudas. «No sabemos si están vivos y los están torturando, o si están muertos y algún animal se está comiendo sus restos», dijo.
No obstante, se mostró convencida de que «hoy nace una nueva esperanza de que se lleven a la práctica» las acciones que prometió el Gobierno y que estas «no se queden solo en teoría».
