La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, llamó a preservar la independencia judicial, a la que definió como un «derecho del pueblo» y «patrimonio de la humanidad».
Al inaugurar este lunes el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), la ministra afirmó que la independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces, como lo sostiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
«Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, cuando la Corte Interamericana consideró que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes temas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución», dijo.
«Recordemos también el caso Villaseñor Velarde y otros contra Guatemala, en donde se sostuvo que la independencia judicial es, en efecto, un principio ampliamente reconocido, un objetivo principal de la separación de los poderes públicos resultando indispensable para la protección de los derechos fundamentales, y específicamente en el caso Ríos Avalos y otros contra Paraguay se señaló que se trata de uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, por lo que cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de las jueces y los jueces en sus cargos se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo octavo, punto uno, de la de la Convención», agregó.
A través del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, dijo la ministra, «alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendrían vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial».
Acompañada del representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, y de la directora del IIJ-UNAM, Mónica González Contró, la ministra afirmó que durante los próximos días especialistas de varias partes del mundo compartirán sus experiencias y sus aprendizajes.
«Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y, menos aún, si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial que, insisto, y como lo señalaron tanto la directora de Investigaciones Jurídicas como el Alto Comisionado, no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables», indicó.
Piña Hernández señaló que todas las autoridades tienen la responsabilidad compartida de salvaguardar la independencia judicial, como valor del Estado constitucional y democrático de derecho, por lo que expresó su reconocimiento a los senadores y diputados que asistieron a la inauguración del Encuentro.
Al evento realizado en la sede de la SCJN, en la calle de Pino Suárez, asistieron la senadora priista Beatriz Paredes Rangel; el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa; el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza, en representación de la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra.
Así como el líder del PAN, Marco Cortés Mendoza; la senadora panista Kenia López Rabadán, y el diputado local también del PAN, Federico Döring Casar.
Morena y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama desairaron a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien agradeció a los senadores y diputados asistentes.
La ministra enfatizó que la independencia judicial «está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas, la independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces, así ha sido reconocido en numerosas ocasiones por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
