Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, para transferir a las entidades federativas la obligación de presupuestar recursos para atender a la población en situación de emergencia y reconstruir la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada; y abroga la Ley General de Protección Civil del 2012.
«El monto que cada entidad federativa debe destinar para ese objeto, corresponderá como mínimo al 10% del promedio obtenido de la aportación que la entidad federativa haya realizado durante los últimos cinco ejercicios fiscales, actualizado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la reconstrucción de su infraestructura dañada», especifica el documento.
La iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de octubre de 2023, y avalada en lo general por 242 votos a favor y 204 en contra de PAN, PRI, PRD y MC, establece que los estados, municipios y demarcaciones territoriales también deberán contratar seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un fenómeno natural.
Los legisladores de oposición acusaron una «chicanada» legislativa de los diputados de Morena y sus aliados para aprobar la iniciativa del titular del Ejecutivo, porque no tomaron en cuenta las propuestas que se realizaron en parlamento abierto y en la Comisión de Protección Civil, con lo cual se violaron las prácticas parlamentarias, y por lo que presentarán una acción de inconstitucionalidad.
En tribuna, el diputado Humberto Rodarte de Lara (PAN) presentó una moción suspensiva que fue rechazada por Morena y sus aliados en votación económica.
«El oficialismo pasó por alto consultarnos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses. Si este dictamen es aprobado con su mayoría y en los términos propuestos, anunciamos desde esta tribuna que presentaremos acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde ahora se los aseguro, les volveremos a ganar y tener la razón, como cada vez que con su mayoría y con «chicanadas» legislativas violan el procedimiento legislativo», dijo.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del PRD, aseguró que a la mayoría oficialista «le valió madres» el trabajo legislativo de la Comisión de Protección Civil, e impusieron la propuesta del presidente López Obrador.
«Ponen en riesgo permanente las finanzas de los estados y los municipios, comprometiendo su planeación presupuestal, al obligarlos para prever en su presupuesto los recursos para atender a la población en estado de emergencia», dijo.
Denunció que la propuesta avalada no establece un porcentaje de gasto programable para atender la prevención y atención de desastres, por parte de la Federación. «Los grupos parlamentarios del bloque oficialista han manifestado que es necesario que todos asuman la responsabilidad, pero pasan por alto que el Ejecutivo elude las propias, pasando la estafeta a las entidades federativas», refirió.
En su turno, el diputado Álvaro Jiménez (MC) dijo que con esta ley se deja solas a las entidades y los municipios. «Con un tema que es especialmente sensible porque aborda los temas más valiosos para los mexicanos: su vida y su patrimonio».
«Se va a hiperregular la solidaridad de los mexicanos y cito: las personas físicas y morales que deseen colaborar con la captación de los donativos en especie deberán obtener la autorización de las coordinaciones estatales y municipales de Protección Civil. Ante cualquier emergencia de esta índole, proponen de facto acabar con los centros de acopio, donantes autorizados técnicamente, tampoco encontramos elementos que nos permitan tomar este dictamen como una posibilidad, no se contempla la opinión de presupuesto y Cuenta Pública», expuso.
Por su parte, la diputada Olimpia Tamara Girón (Morena) dijo que la propuesta del titular del Ejecutivo busca que las entidades y los municipios cumplan con lo establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción.
«No le tengamos miedo a justificar en cada entidad federativa, en qué gastamos el recurso de la ciudadanía. Hace falta voluntad política para entender que lo único que se está haciendo con esta normatividad es regular un sistema de corrupción que no se va a permitir más. El Ejecutivo sí establece políticas públicas, pero las entidades federativas también tienen obligatoriedad de atención, no lo marcamos todo nosotros», apuntó.
Esta tarde se discuten más de 50 reservas que se hicieron al dictamen.
