Al inicio del sexenio de Martín Orozco, se negó a pagar los servicios profesionales de un despacho de abogados contratados por Carlos Lozano para litigar la devolución de 390 millones de pesos estafados por la Unacar. El despacho demandó al Gobierno del Estado y está obligado por un juez federal a pagar aproximadamente 35 millones de pesos, de negarse dejará al próximo Gobierno la deuda que ya creció en 10 millones y seguirá incrementándose.
Esta es la historia de una parte de la Estafa Maestra que mantiene en la cárcel a Rosario Robles y se vivió en Aguascalientes.
La Estafa Maestra fue un saqueo al erario realizado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, utilizando 128 empresas fantasma, 11 dependencias del Gobierno y 8 universidades, para desviar 7,600 millones de pesos.
En Aguascalientes, en el año del 2012 siendo gobernador Carlos Lozano de la Torre y director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, se recibieron 390 millones de pesos para el equipamiento de 645 aulas telemáticas y 732 aulas básicas de escuelas, dentro del programa HDT. La dependencia responsable en el Estado para la aplicación del dinero federal fue el Instituto de Educación de Aguascalientes, entonces a cargo de Francisco Chávez Rangel, inexplicablemente contrató a la Universidad del Carmen (Unacar) para el cometido.
Al incumplimiento del contrato por parte de la Unacar, para demandar la reparación del daño presuntamente se contrató al despacho del abogado (ahora en prisión) Juan Collado, sin embargo, Raúl Silva Pérezchica, actual diputado y ex-director del IEA en la Administración de Martín Orozco, informó que el trabajo lo había realizado el equipo jurídico del Instituto. Paco Chávez fue denunciado y sujeto a proceso penal (Expediente 1163/2019) por haber pagado 7 millones de pesos al despacho de Collado por un trabajo que no se realizó.
Lo que ahora se sabe, es que el IEA sí contrató un despacho de abogados externo para litigar la recuperación del dinero pagado a la Unacar, el despacho jurídico está ubicado en la ciudad de Monterrey, asunto que finalmente en tribunales ganó, por lo que el Gobierno del Estado debió pagar los honorarios correspondientes, que en ese momento rondaban los 20 millones de pesos aproximadamente. Coincidía que Carlos Lozano de la Torre salía de la gubernatura y entraba Martín Orozco Sandoval, quien se negó a realizar el pago, argumentando que “él no iba a pagar eso, ya que le correspondía a la Administración pasada”, siendo el Gobierno el deudor, no la persona.
El despacho jurídico al verse imposibilitado a cobrar su honorarios, procedió a demandar a su ex-cliente, argumentando el IEA en el juicio entablado, que fue el propio personal jurídico del Instituto quien había defendido y litigado, por lo que no se le debía al despacho externo cantidad alguna.
La demanda los llevó ante el juez de Primera Instancia, quien falló a favor del Gobierno del Estado. El despacho promovió un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fallando nuevamente a favor del Gobierno, por lo que el despacho jurídico recurrió al Juzgado Federal.
Después de un largo proceso legal de alrededor de 5 años, hace unas semanas (17 de febrero de 2022), el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, actuando en el expediente de Amparo Directo 321/2021, emitió la ejecutoria en donde concede la razón al despacho externo de abogados y condena al IEA al pago de honorarios pendientes.
En la resolución del magistrado ponente Guillermo Tafoya Hernández establece: Se condena al pago de 22 millones, 856 mil 665 pesos con 80 centavos (IVA incluido) por concepto de pago de honorarios, al pago de 10 millones, 602 mil 065 pesos con 57 centavos por concepto de pena convencional y al pago de gastos y costas a favor del despacho.
De negarse a pagar de manera voluntaria el IEA, el despacho jurídico podría continuar el juicio con la etapa de ejecución (planilla de liquidación), misma que aumentaría el monto del adeudo, pues los intereses seguirán corriendo hasta el cumplimiento de la obligación.
El berrinche inicial de Martín a no pagar ya tiene un costo adicional de 15 millones de pesos de intereses, de negarse a cubrir la sentencia estaría endilgando al próximo Gobierno la deuda, deuda que seguirá creciendo.
