Ya se conocerán los detalles de si, como acusan algunos, la captura de César Duarte, el ex-gobernador de Chihuahua, en Florida, justo el día en que se producía la ya muy sobada reunión entre Trump y AMLO, en Washington, es parte de un acuerdo previo, como dicen los que aseguran que en política no existen las casualidades, o fue obra del azar, como afirman en el Gobierno Federal y en la Administración de Javier Corral.
Y será el sereno, o será casualidad o no, el asunto es que en puerta vienen dos procesos que llamarán fuertemente la atención, el de Emilio Lozoya, que aceptó ser extraditado desde España a México, y ese otro en el que en los tribunales del país del norte se decidirá si la justicia estadounidense entrega a la mexicana a Duarte, quien tiene un grueso legajo de acusaciones en la Fiscalía del Estado que gobernó, lo que precisa varias definiciones al respecto.
Lo primero, para obrar apegados a derecho, es la presunción de inocencia de ambos personajes, pues en nuestro sistema judicial es obligación de los acusadores comprobar sus dichos, lo que exige que los acusadores den solidez a sus señalamientos, para que los jueces tengan los elementos sus juicios y en su momento no tengamos otro caso en que presuntos culpables quedan libres no porque su inocencia sea incuestionable, sino por errores procesales, un viejo cuento de nuestra justicia, que se traduce en impunidad pura y dura.
El resto es evitar convertir estos dos asuntos en un debate político, un deber que tiene la Administración de López Obrador, por una parte, pero la oposición en su conjunto, pues haría mal el mandatario en usar dos temas judiciales para apuntalar su imagen o cobrar revanchas, como harán mal los críticos del mandatario de llevar esto al terreno de la grilla vil, pretendiendo pintar esto como un asunto de persecución o venganza, extremos ambos que corresponde a cada cual dejar bien claro.
Lo cierto es que las censuras a AMLO se pueden hacer desde el terreno donde es corroborable que no ha manejado de manera adecuada muchos asuntos, ya en materia económica, sanitaria o de seguridad, terreno donde se puede argumentar y debatir en favor y en contra, pues lo contrario sería atacar al presidente defendiendo asuntos indefendibles, como los muchos errores que se cometieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Eso es entrar en la lógica pervertida de que AMLO está bien porque sus antecesores lo hicieron fatal, que suele ser un argumento en Palacio, o en la contraria, igual de retorcida de que para decir que el mandatario lo hace mal hay que enaltecer las administraciones anteriores, pues cada presidente tuvo su juicio y el del actual presidente debe sustentarse en sus decisiones y las consecuencias de estas, así sin más.
Por lo demás, respecto al ex-director de Pemex y al ex-mandatario de Chihuahua, y a cualquiera que pudiera luego ser involucrado en sus supuestos actos de corrupción, si es el caso que se comprueban, ningún mexicano bien nacido puede defenderlos y si es el caso de que lleguen las condenas, pues la única postura sostenible es la de celebrar de que en este país se hace justicia, pues todo lo demás es proceder con el estómago o con el hígado.