El Gobierno de Nicaragua condenó este miércoles la decisión de Estados Unidos que prorrogó por un año más la declaración de emergencia nacional respecto a Venezuela dictada en 2015, la que tachó como una «continuidad de la política agresiva».
En una declaración, titulada «Con Venezuela siempre», el Gobierno nicaragüense condenó «enérgicamente la continuidad de la política agresiva, injerencista e intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica contra los pueblos dignos del mundo, y en particular contra la República Bolivariana de Venezuela».
En la declaración, suscrita por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, rechazan la decisión de Estados Unidos respecto a Venezuela.
«Esta vez el atropello reitera la absurda declaración que se atreve a designar a nuestra hermana Venezuela como emergencia de seguridad nacional contra el imperialismo yanqui. Una declaración similar ha sido publicada anualmente contra Nicaragua desde el 2018», indicó el Ejecutivo sandinista.
«El imperio yanqui, con la continuidad de su política arbitraria, agresiva, destructiva y criminal, sólo muestra cada vez más su propia fragilidad, frente al coraje alzado de los pueblos que somos dignidad y decoro nacional en las inmortales exigencias de respeto y justicia de todos nuestros héroes y próceres», continuó.
Ortega y Murillo saludaron «con el cariño y la admiración de siempre, al presidente Nicolás (Maduro), a su Gobierno y su bravo pueblo, hoy encaminados a la reafirmación de la democracia protagonista y complementaria que vienen fortaleciendo día a día, en medio de la crueldad de la guerra impuesta por el imperio, y del odio que los viene carcomiendo y destruyendo a ellos mismos, desde dentro».
Washington consideró ahora que la situación en Venezuela representa «una amenaza inusual y extraordinaria» para «la seguridad nacional y la política exterior» estadounidense, como razón para prorrogar el decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, que ha sido renovado cada año desde entonces.
Además señaló que el decreto de 2015 obedeció a «la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales».
Por su lado, el Ejecutivo venezolano presidido por Nicolás Maduro reaccionó con un comunicado en el que estimó con esta decisión de la Administración de Joe Biden, queda «demostrado que el liderazgo decadente de los EE.UU. no está en capacidad de diseñar una política exterior coherente que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto».
