MONTERREY, NL., junio 8 (EL UNIVERSAL).-
El encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Pedro Arce Jardón, expresó que no se siente un hampón y tiene la conciencia tranquila porque su trayectoria de más de 20 años dentro de la institución -antes Procuraduría- lo avala, y rechazó que use la Fiscalía para servir a intereses políticos, como acusó el gobernador Samuel García Sepúlveda.
En conferencia de prensa y acompañado por el equipo que lo acompaña desde que fue designado encargado de despacho por Gustavo Adolfo Guerrero, antes de presentar su renuncia como titular de la FGJE el pasado mes de octubre, el funcionario afirmó que en su labor se ha conducido con apego a la ley, buscando siempre que prevalezca el estado de derecho, y con el firme compromiso de representar y garantizar justicia para los ciudadanos de Nuevo León.
Expresó que todas las acciones de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigaciones son acciones debidamente fundadas y motivadas en lo que la ley establece, con la gran responsabilidad de que, cuando se le pone al MP en conocimiento algún hecho delictivo a través de una denuncia ha de actuar, investigar y dar certeza jurídica, y así lo hará hasta en tanto el Congreso designe al titular de la FGJENL.
Recalcó que seguirá colaborando como hasta hoy de manera permanente y estrecha, con todas las instituciones representadas en el estado, desde la Secretaría de Seguridad, Fuerza Civil, las policías municipales y las autoridades federales, Sedena, Guardia Nacional y FGR entre otras para garantizar seguridad a la población. Citó que junto a dichas instituciones este año han participado en más de 400 cateos.
Arce Jardón expresó que tal vez el gobernador Samuel García fue mal informado, en el sentido de que el miércoles agentes ministeriales armados pretendieron ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa donde tienen sus oficinas la mayoría de las secretarías del gobierno estatal, lo cual consideró un exceso y motivó que este jueves acudiera al Congreso de la Unión para solicitar su destitución, hablara con el presidente López Obrador y también pidiera su remoción al Congreso del estado.
Al respecto, el vice fiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, explicó que el martes un agente del Ministerio Público dictó medidas de protección con motivo de la denuncia de un ciudadano, que dijo haber sido objeto de actos de autoridad violatorios de sus derechos, por lo que personal administrativo, llevó el oficio de notificación a diversas autoridades que la recibieron de manera normal, con el sello y acuse de recibido, con excepción del personal de la Secretaría del Medio Ambiente que se negó a recibir la notificación.
Por lo anterior el miércoles acudió nuevamente a Medio Ambiente una mujer joven, auxiliar del MP, no policías, no gente con arma letal o no letal, para insistir ante dicha secretaría sobre las notificaciones de medidas de protección dictadas por el MP, y permaneció cerca de media hora, sin lograr su objetivo según hizo constar en el instructivo que buscaba notificar, pues personal de la secretaría que se negó a identificarse no recibió el oficio.
Luis Enrique Orozco afirmó que ese fue el único acto que la Fiscalía iba a notificar en las oficinas de la Torre Administrativa, tras esto la mujer, joven se retiró de esas instalaciones a bordo de un vehículo compacto en el que llegó.
A raíz de las publicaciones que realizaron «autoridades que ustedes conocen» (el gobernador), la Fiscalía verificó a través de la AEI sí elementos de la corporación se encontraban en dicho edificio o en sus inmediaciones confirmándose que ninguna unidad o agente ministerial se encontraba en las cercanías de la Torre Administrativa, dijo el vicefiscal.
Puntualizó que únicamente, cerca de la una de la tarde, se presentó un agente ministerial en el Instituto de Control Vehicular -que se ubica dentro de la Torre Administrativa-, a requerir información acerca de las placas de un vehículo que participó en un choque que huyó y cuya víctima denunció ese hecho ante el MP, como rutinariamente se hace, y tras realizar el trámite señalado, se retiró sin ningún sobresalto ni novedad relevante.
En complemento de lo anterior, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, dijo que al tomar conocimiento de la denuncia del mandatario estatal difundida en redes sociales y medios de comunicación, «verificamos en nuestra planta de radio, y confirmamos que no había unidades en ese momento en el lugar, y al comunicarse con los diferentes destacamentos de la AEI, el de Santa Catarina informó que un agente acudió a solicitar información sobre las placas de un vehículo que participó en un hecho vial» como señaló Luis Enrique Orozco, siendo un solo agente que acudió en un automóvil tipo Charger.
Respecto a la solicitud de juicio político que planteó el gobernador, Arce dijo que está en todo su derecho de emprender cualquier acción que considere para motivar su remoción, pero estimó que es un tema meramente político, que no quiere lo distraiga de su función y compromiso desde que asumió como encargado de la Fiscalía.
Asimismo, rechazó que utilice la Fiscalía de manera política para perseguir a funcionarios del gobierno estatal, pues reiteró que el MP por obligación legal y constitucional, cuando una persona denuncia ante la institución, está obligada a iniciar una carpeta y por consiguiente realizar actos de investigación. «No se utiliza más que de esa manera y ese es mi compromiso y de todos los que trabajan en la institución».
En relación a las investigaciones contra Glen Villarreal Zambrano, vocero de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, el vicefiscal Luis Enrique Orozco refirió que el 18 de mayo en el municipio de Apodaca, un sujeto (Ángel Ricardo «N»), apoderado legal de la empresa SOFMU, llegó a comprar frutas a un puesto instalado en la vía pública, cuando arribaron sujetos que lo atacaron a balazos, y para tratar de salvarse, usó como escudo a un adolescente de 14 años, falleciendo al instante el menor no obstante que su padre se lo arrebató, mientras Angel Ricardo falleció diez días después en un hospital.
La acción que realizó este sujeto determinó que el MP iniciara estrategias jurídicas que pudieran hacerle reprochable penalmente su conducta, por tratarse de un hecho inusitado que agravió a la fiscalía.
Al investigar el caso, se determinaron los antecedentes de este sujeto, a quien se le vinculó con 15 carpetas de investigación, por delitos tan diversos como el fraude, falsificación de documentos, lesiones, narcomenudeo y violencia familiar.
Asimismo, entre sus haberes se encontró un BMW 2022 y se identificó que tenía el 99 por ciento de la participación de una empresa moral, lo que derivó en la solicitud de una orden de cateo emitida por un juez de control en un domicilio de la colonia Mitras Centro, que permitió encontrar documentación, además de la empresa constituida Ángel Ricardo, documentos relacionados con facturación de la empresa BMDI (supuestamente propiedad de Glen Villarreal) y otro tipo de documentación, «que permite suponer de manera preliminar la comisión de delitos por operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita», expresó el vicefiscal.
