Los Ángeles, 11 sep (EFEUSA).- La nueva norma del gobierno federal que considera a inmigrantes que se acogen a programas oficiales una «carga pública» puede impactar a cerca de dos millones de personas en California, según nuevos cálculos de una universidad de este estado.
La regla, que se implementará a partir del próximo 15 de octubre, llevará a una disminución del 15,1% del uso de los servicios de emergencia por parte de los inmigrantes indocumentados en todo el país, explicó este miércoles Tom Wong, profesor de la Universidad de California (UC) de San Diego y autor de un reciente análisis publicado por este centro universitario.
La investigación, que ha sido abordada hoy en un seminario del Centro para el Periodismo de la Salud, de la Escuela Annenberg de la Universidad del Sur de California (USC), destaca que la regla disparará un temor que a su vez generará confusión entre inmigrantes e indocumentados de todo el país.
Así, entre otras cosas, descenderá por ejemplo en un 18 % el número de indocumentados que busquen servicios públicos de prevención para la salud.
Solo en California el miedo generalizado a utilizar los servicios que incluso no están incluidos en la nueva regla de «carga pública» llevará a 2,19 millones de personas a no usar servicios esenciales, entre ellos los subsidios estatales de alimentos (CalFresh) y los de salud Medi-Cal, se pusode relieve hoy.
El análisis a nivel nacional de Wong concluyó que el 12,4 % de inmigrantes indocumentados estarán menos dispuestos a buscar servicios gratuitos de inmunización para sus niños como vacunas contra la gripe en los centros de salud locales a raíz de la nueva reglamentación, así como otros servicios de medicina preventiva.
El investigador de UC de San Diego señaló que «muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses y la nueva regla no los afecta», pero sin embargo quedarían sin servicios médicos debido al temor que embarga a sus padres indocumentados.
En ese sentido, la periodista Elizabeth Aguilera, quien cubre los temas de inmigración y salud para CalMatters, recalcó la importancia de evitar información inexacta sobre el alcance de la nueva norma.
«Esta es una oportunidad para evitar la histeria y enfocarnos en los hechos y en una investigación documentada. Centrarnos en donde la política se encuentra con las personas», dijo hoy Aguilera.
La hispana recomendó aclarar casos específicos de la aplicación de la nueva normativa y de algunos servicios que aunque son de carácter federal son financiados con fondos estatales, además de específicar los afectados.
Los niños ciudadanos, pero hijos de padres indocumentados que reciben alimentos subsidiados en sus escuelas, no deberían verse afectados por la próxima norma, se destacó hoy en el seminario.
Y es que el 9,5 % de los padres indocumentados con niños que son ciudadanos estadounidenses se muestran menos dispuestos a inscribirse a las comidas gratuitas, o a precio reducido, para sus niños en el sistema público de educación, de acuerdo al análisis debatido hoy.
Para Altaf Saadi, neuróloga e investigadora médica del hospital general de Massachusetts y de la Escuela Médica de Harvard, el miedo a la deportación genera un cambio de conducta en las comunidades indocumentadas que trae como consecuencia comunidades menos saludables.
Además del miedo a utilizar servicios públicos de salud como las clínicas comunitarias, la gente siente «miedo de ir a los parques y de ejercitarse al aire libre», lo que no ayuda a una vida más sana.
Igualmente, «se empeora la salud mental y el estigma y las personas -por miedo- participan menos en sus comunidades», señaló Saadi.
Por ello, concluyó Wong, es importante destacar que la nueva regla sobre carga pública afecta únicamente a quienes están solicitando entrar al país con permiso de residencia permanente o a quienes buscan un ajuste de su estatus de inmigración, como por ejemplo, de la residencia a la ciudadanía permanente.
