México, 18 may (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por arrinconar las energías renovables y las inversiones extranjeras para tratar de salvar las empresas estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Bajo el argumento de «mantener la seguridad e independencia energética», la decisión de López Obrador ha sorprendido a todos los países con inversiones en México, desde Canadá a la Unión Europea, en un llamativo movimiento contra la modernización energética del país.
A través de la Secretaría de Energía (Sener), el Gobierno mexicano ha establecido una limitación sin fecha a las energías renovables lo que pone en riesgo cerca de 24.400 millones de dólares en inversiones.
«Unos 18.000 millones están ya invertidos en plantas en operación y los otros 6.400 millones de dólares están en proyectos en construcción», explicó a Efe Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Para Valle, el acuerdo «está violentando el marco legal» algo «muy negativo» para las necesidades de inversión que México tiene y sobre todo de cara a una recuperación económica.
«En lugar de atraer inversiones, capitales y empleo, los estamos ahuyentando», apuntó.
Además dijo que existe un impacto en el sector eléctrico al «meter ruido arbitrariamente» porque se introduce un producto más caro sin que esté sujeto a la competencia, además de ser más contaminante y de menor eficiencia.
MAYOR FACTURA PARA LOS CONSUMIDORES
«Todo esto lo acabarán pagando los consumidores con un recibo eléctrico más caro o la Secretaría de Hacienda con un recibo más subsidiado, y los industriales con tarifas más altas», agregó.
En su conferencia matutina, López Obrador defendió este lunes el nuevo plan de la Secretaría de Energía (Sener) al argumentar que su Gobierno defiende la industria energética nacional contra el «saqueo».
Acusó al sector privado, en particular a empresas españolas y de otros países, de saquear al sector en el «periodo neoliberal» y con la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«¿Cuál es la inconformidad ahora? Se habían apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE», declaró López Obrador.
«Energías limpias, pero en algunos casos negocios sucios», apostilló.
RESOLUCIÓN EN TRIBUNALES
El mandatario dijo que los empresarios «están en su derecho de acudir a los tribunales», como ya lo adelantó este fin de semana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal cúpula del sector privado en México.
En el mismo sentido se expresó la titular de la Sener, Rocío Nahle, quien aseguró que el sector privado «está en su derecho (de acudir a los tribunales) y si así lo hacen, vamos a contestarles».
Para el vocero de la Asolmex y de la AMDEE el hecho de que el presidente mencione la palabra tribunales sugiere que sus asesores «no están haciendo muy bien su trabajo».
Añadió que López Obrador «podría mediar esta situación» y que las empresas saben que tienen en los juicios y los tratados internacionales «los mecanismos para el diálogo y la resolución de conflictos y los estamos explorando».
Valle señaló que las empresas del sector no están pidiendo ayuda, ni subsidios sino respeto al marco jurídico» y apuntó que López Obrador tiene la última palabra, pero no quiere intervenir
Agregó que «el Poder Judicial será el que resuelva esto y las Cortes internacionales resolverán los arbitrajes, eso es un hecho», pero también existe la posibilidad de que la Sener desista y que a la hora de modificar la regulación lo hagan de acuerdo lo establecido en la Constitución y en leyes nacionales.
Entonces «¿Hay posibilidad de resolverlo antes?», cuestionó Valle y el mismo respondió: «Si la hay. El tema es que el Ejecutivo simplemente está dando la espalda».
EMPRESAS SE AMPARAN
Ante tal escenario, el CCE anunció que llevaría a cabo las medidas legales pertinentes frente a un cambio de reglas «ilegítimo» ante el que está dispuesto a llegar a instancias internacionales.
Entre las empresas que, a título individual, han presentado ya sus amparos legales están Enel, Acciona, Fotowatio, Neon, X-ELIO y Peñoles.
La política elaborada por la Sener establece la «confiabilidad» como nuevo criterio de prioridad en el despacho energético, un término interpretativo que daría más control al Cenace y no siempre estaría basado en el menor costo de generación.
El cambio, según denuncian empresas privadas implicadas en el sector, puede dar paso a una elección arbitraria por parte del regulador en beneficio de la estatal CFE.
Algunos expertos señalan que la nueva legalidad premia la generación de energías contaminantes en las que están involucradas tanto la CFE como Pemex (la petrolera más endeudada del mundo).
Por su parte, la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) hizo un llamado respetuoso a la Sener «a no vulnerar el desarrollo de las energías renovables en el país», dada la urgencia de hacer frente a la amenaza global del cambio climático.
La WWF expuso con dicho acuerdo se detienen de manera indefinida el inicio de operación de 44 plantas solares y eólicas, equivalentes a más de 714,000 toneladas de CO2 emitidas mensuales y la pérdida de casi 30.000 empleos verdes.
