CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara este lunes su propuesta de paquete de reformas constitucionales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis de ocho de las veinte iniciativas y alertó que las referentes a las pensiones, educación, salario mínimo, empleo, órganos autónomos, poder judicial, político-electoral, así como agua y energía ponen en riesgo la competitividad.
Al respecto, el Instituto señaló que la reforma al sistema de pensiones, que propone un fondo de retiro del 100% del último salario de las personas trabajadoras hasta por un monto de 16,777.68 pesos, reduce la edad para exigir una pensión no contributiva, lo cual crea el Fondo de Pensiones Bienestar financiado con recursos del Gobierno Federal y atenta al objetivo del sistema de ahorro para el retiro, que es garantizar la sostenibilidad fiscal del país. «Las pensiones ya representan 22% del gasto total del sector público federal», advirtió.
En relación con el salario mínimo, el incremento de éste, ligado con la inflación, puede ser un aliciente para la informalidad, la generación de empleos y ejercer presión sobre los costos para los productores e influya en la contratación informal.
Por su parte, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca promover la inserción al mercado laboral por medio de capacitaciones a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, cuenta con 2.95 millones de personas beneficiarias (58% mujeres y 42% hombres), de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y ha sido señalado por su falta de transparencia e inconsistencias relacionadas con el padrón de becarios al igual que irregularidades en el gasto.
Por tanto, el IMCO concluyó que «se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada».
Los órganos autónomos funcionan para la efectividad gubernamental, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas; por ello, sus funciones no son fáciles de transferir a otras instituciones. La propuesta es de eliminar tres órganos constitucionales autónomos (INAI, Cofece, IFT), dos órganos reguladores coordinados (CRE, CNH) y dos organismos descentralizados que cuentan con autonomía (Mejoredu y Coneval).
No obstante, el IMCO indicó que «la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC (…) de eliminarse el IFT se incumpliría el capítulo 18 del T-MEC, que establece las obligaciones del organismo regulador de telecomunicaciones, que debe garantizarse por cada una de las partes del Tratado».
Asimismo, con la eliminación del INAI se daría un retroceso en materia de transparencia. Por último, referente al CRE y la CNH, la reforma implicaría una concentración de funciones especializadas de regulación en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad sería cuestionable, aseguró.
En lo que toca a la reforma del Poder Judicial, que propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos organismos: uno de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial en el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, jueces de distrito, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serían elegidos de manera directa por la ciudadanía, el Instituto Mexicano para la Competitividad previno que, con esto, se atentaría contra la independencia del Poder Judicial y también implicaría un retroceso en materia de profesionalización del Poder Judicial.
En tanto que, la reforma electoral «sugiere que el INEC, con la estructura descentralizada que posee el INE actualmente –a través de las Juntas repartidas en los distritos electorales (300) y en cada entidad (32)–, sea la que lleve a cabo los procesos electorales locales con mayor homologación». Con la «eliminación de los cargos plurinominales reafirma el poder del grupo dominante electoralmente, lo que deja a partidos con menos representación sin voz en el espectro político», dijo.
Por último, las reformas energética y de agua que buscan, respectivamente, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico y en cuestión del agua cancelar las concesiones para usos distintos al doméstico en zonas con baja disponibilidad, el IMCO enumeró seis implicaciones capitales para el manejo de los recursos naturales y la política energética del país.
Las reformas enviarían un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el estado de derecho.
Al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.
Favorecer a la CFE por criterios políticos tendría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables.
Eliminar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes.
Eliminar el mandato de la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública.
La redacción de las modificaciones al artículo 27 abre la puerta no sólo a la prohibición de nuevas concesiones de agua para uso industrial, sino también para uso agropecuario, lo que impactaría al sector en zonas afectadas por sequías.
