México, 30 ene (EFE).- La condena contra el periodista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) a un exgobernador estatal tachado de corrupto, quien lo acusó de «daño moral», revela la corrupción que padece el Poder Judicial en México, expusieron este jueves el comunicador, su abogado y distintas ONG.
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo, contra la sentencia de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión.
«El anuncio de la SCJN es una liberación de la mazmorra en que se ha convertido el Poder Judicial en la Ciudad de México», dijo este jueves vía telefónica Aguayo, desde Madrid, donde se encuentra para un tema académico.
«Hiciéramos lo que hiciéramos nada servía porque el Poder Judicial de la capital mexicana seguía fallando en mi contra y acosándome, mostrando la existencia de una red de complicidad entre algunos jueces y magistrados con el demandante (el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira», agregó el periodista.
«Estamos ante un acoso judicial pocas veces visto en más de 25 años de trayectoria de litigio», dijo el abogado Héctor Beristain, defensor de Aguayo y quien también ha llevado casos de periodistas como Anabel Hernández y Lydia Cacho.
El letrado dijo que la sentencia del magistrado Francisco José Huber Olea fue fundada y motivada en argumentaciones dolosas e interpretaciones erróneas y violatorias de los derechos humanos en materia de libertad de expresión.
«Pero lo más increíble es que sanciona con 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares), la pretensión de Moreira y la ley menciona que en caso de ser responsable de abuso de derecho de libertad de expresión la sanción máximo será de 25.000 pesos (unos 1.327 dólares)», expuso.
«Es una sentencia aberrante», dijo Beristain, quien ha pedido que se cese al magistrado porque «a todas luces es una persona corrupta».
En tanto la representante de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola dijo que este tipo de demandas es recurrente, cada vez más, por funcionarios públicos.
«El único fin que busca es inhibir la actividad periodística, que se deje de informar el trabajo que desarrollan periodistas y medios de comunicación que incomodan a funcionarios públicos», apuntó.
Dijo que la sentencia «es un claro ejemplo de cómo opera la corrupción en el Poder Judicial», además que este tipo de demandas «no buscan el lucro sino generar temor en los periodistas y comunicadores».
«A Aguayo le quieren cobrar por opinar, es un demanda irrisoria amparada en la figura del daño moral», dijo Mendiola, quien pidió que haya peritos en materia de trabajos periodísticos porque los jueces desconocen los géneros periodísticos.
En su turno, el representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Jan Albert Hootsein, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocer el escenario de violencia, censura y acoso sobre los periodistas en México y que empeora cada año.
EL CASO SE REMONTA A 2016
El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma y replicada en otros diarios del país donde hablaba de la actuación el exgobernador de Coahuila (2005-2011), Humberto Moreira.
«Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana», escribió Aguayo cuando Moreira estaba encarcelado en España.
Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 2011 estaba en la cárcel acusado de malversación de recursos y blanqueo durante su mandato y cinco meses después, en junio de 2016, demandó a Aguayo por aquel artículo de opinión.
Finalmente, Moreira fue exonerado.
Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para «ofender, insultar, calumniar y propinar injurias», lo que atentaba contra sus «sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación».
La decisión de la Primera Sala del Supremo es el primer paso para que el asunto sea finalmente atraído y resuelto por el máximo tribunal, si bien el asunto podría también regresar al tribunal colegiado.
