México, 17 oct (EFE).- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó este jueves su preocupación luego de que el columnista mexicano Sergio Aguayo fuera condenado a pagar 10 millones de pesos (520.000 dólares) por daño moral al exgobernador del estado de Coahuila Humberto Moreira.
El 28 de junio de 2016 Moreira demandó al periodista luego de que este publicara en el artículo ‘Hay que esperar’, publicado en los diarios Reforma y el Siglo de Torreón, la detención de Moreira en España tras ser indagado por lavado de dinero y por lo que incluso fue encarcelado una semana.
«La sentencia puede afectar seriamente la libertad de expresión en México, en particular por el monto exorbitante que se le ordena pagar a un académico y periodista»; afirmó Jan Jarab, representante en México de ONU-DH.
«La reacción cautelosa de la prensa ante esta sentencia puede ser una muestra de este efecto intimidatorio», añadió.
El organismo señaló que de manera particular le preocupa que uno de los motivos por los cuales Moreira demandó a Aguayo «fue la afirmación, por parte del columnista, de que el exmandatario fuese responsable, por lo menos por omisión, de graves violaciones de derechos humanos perpetradas bajo su gestión».
La oficina señaló que «esto puede tener un efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios públicos» que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos, debilitando la rendición de cuentas.
«La llamada ‘protección del honor’ de destacadas personalidades contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general, cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite, incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos», explicó Jarab.
La ONU-DH apuntó que la sentencia se suma a una creciente lista de demandas y sentencias por daños al honor y reputación, promovidas en contra de voces críticas.
Por ello hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a revisar la legislación civil vigente en materia de protección al derecho al honor y reputación en línea con los estándares internacionales.
Además de llevar a cabo las necesarias adecuaciones para garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no sea objeto de censura.
Tras su visita a México en 2017, los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión expresaron su preocupación por el hecho de que «varios periodistas en el país han enfrentado demandas (civiles) infundadas que exigían el pago de cifras exorbitantes por supuestos daños originados por contenidos que han publicado».
