México, 18 dic (EFE).- El periodista mexicano Emir Olivares, amenazado de muerte presuntamente por un reportaje sobre tráfico a pequeña escala en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó este miércoles la indolencia de las autoridades en la investigación de las agresiones a comunicadores.
«Otro colega, la misma agresión, la misma indolencia oficial», escribió el reportero del periódico La Jornada, al reproducir un comentario de Luis Hernández, coordinador editorial del rotativo que da cuenta de las amenazas a otro periodista.
En su comentario, Hernández refiere que Ojarasca, una revista mensual editada por La Jornada, «exige garantías y respeto a la vida y a la libertad de pensamiento de su colaborador Pedro Uc».
De acuerdo con Hernández, «Pedro y su familia fueron amenazados de muerte por su oposición al Tren Maya», uno de los grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el reporte de La Jornada, el pasado 6 de diciembre dos personas entraron al edificio de apartamentos donde vive Emir Olivares, aprovechando que el acceso principal estaba abierto por una mudanza.
Subieron al tercer piso y fueron directamente a la vivienda del informador, al parecer en la creencia de que no se encontraba allí.
Olivares los descubrió revisando cajones y, al ser confrontados, dijeron que el administrador del edificio les pidió que fueran por botes de pintura a ese departamento. Luego huyeron sin llevarse nada.
Poco después llegaron agentes de la policía de Ciudad de México y representantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del Gobierno federal, en el que Olivares está inscrito.
Entonces al teléfono celular del reportero entró una llamada de alguien que le dijo a Olivares haber recibido un millón de pesos (52.632 dólares) para matarlo por haberse metido con gente de la UNAM, ya que en junio de 2017 realizó un trabajo sobre narcomenudeo en la UNAM y comenzaron las intimidaciones y advertencias.
El desconocido añadió que si el periodista quería salvarse tenía que pagar el doble. A ello siguieron otros mensajes amenazadores.
El mismo 6 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el allanamiento al domicilio y las amenazas a Olivares, a quien anunció que el organismo brindará acompañamiento mediante visitadores adjuntos en las diligencias que se requieran.
A su vez, la UNAM manifestó «su preocupación y abierto rechazo a la intromisión en la vida privada» del reportero, así como a las amenazas proferidas en su contra.
A esos pronunciamientos se han sumado reclamos de colectivos de prensa y organismos defensores de la libertad de expresión a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) por la falta de resultados en las investigaciones del caso.
En su conferencia de prensa del 9 de diciembre, el presidente López Obrador fue interrogado sobre las acciones que el Gobierno emprenderá para proteger la vida del reportero.
«Todo nuestro apoyo, nuestra protección, para que él no tema por ser agredido, de ninguna manera», respondió el mandatario, y confirmó que Olivares seguirá en el mecanismo de protección a periodistas.
El 17 de diciembre, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) informó que México es el país con más periodistas asesinados en 2019 con 10 junto con Siria, con la misma cifra, con la particularidad de que el país árabe está en guerra desde hace más de ocho años.
