JUXTLAHUACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- Periodistas y Defensores de los derechos humanos de Oaxaca, demandaron revisar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante el primer día del Dialogo Regional que se lleva a cabo en la capital oaxaqueña.
En el primer día de trabajo para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, organizada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación (Segob), acudieron de manera presencial 40 personas entre defensores y periodistas, además de la asistencia de otros tantos de manera virtual, y representantes del gobierno del estado y de la federación.
En la participación del periodista zapoteco José Ignacio Santiago Martínez quien cuenta con Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, desde el 2020 por las constantes amenazas pidió que, la iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no solo sea una iniciativa en contra de los gobernantes, sino que también de aquellas que encabezan el mecanismo federal.
Explicó que debido a la burocracia con el que se mueve el mecanismo, muchos periodistas que han sido asesinados por la demora en su actuación.
«El mecanismo de protección a periodistas debe de volver a acomodar sus leyes porque es demasiado que digan que un periodista ya no requiere de algunos beneficios, como fue mi caso. Al día de hoy, me encuentro huyendo de la ciudad de Juchitán, yéndome de la capital oaxaqueña a otros otras partes del estado, porque no tengo un lugar seguro en donde quedarme», denunció Ignacio Santiago.
También solicitó que, las nuevas iniciativas sancionen a aquellos que se encuentran al frente del Mecanismo Federal, esto porque otorgan medidas que no sirven para muchos periodistas. Recordó el asesinato de Gustavo Sánchez, quien antes de su asesinato ya había sido baleado y hasta fechas posteriores le aprobaron un chaleco antibalas, quien no llego a usarlo porque le quitaron la vida.
El periodista agregó que no puede haber gobernantes incitando a la violencia en contra de los que comunicadores que ejercen la libertad de expresión, ni tampoco puede haber servidores públicos cobrando un jugoso salario, para permitir que más periodistas que han pedido su intervención, simplemente se han asesinados porque para ellos, «el periodista no estaba en riesgo».
Por su parte, la periodista y activista Soledad Jarquín Edgar, señaló que, han sido las instituciones los cómplices, por instrucción del Gobierno de Oaxaca, para no acceder a la justicia. Pese a que contaba con mecanismos, lugares y personas señaladas por el asesinado de hija María del Sol, los culpables no se han castigados. La activista dijo que desea retomar su vida, pero sin la justicia, es imposible
«Para avanzar en una ley tendríamos que analizar qué ha hecho el gobierno, cómo nos ha tratado y las respuestas que nos ha dado. A pesar de que hay leyes que, lo obligan a responder a proteger nuestra vida y a garantizar nuestros derechos, no lo ha hecho», apuntó la periodista.
Soledad Jarquín recordó las actuaciones de las instituciones en el mecanismo: «Se robaron las pruebas del expediente, inventaron testigos eso es una vergüenza. Yo creo que, teniendo a un gobierno, instituciones o personas con esas entrañas, nos ponen más en riesgo».
Entre las intervenciones, también participó la defensora de los Derechos Humanos, Rogelia González Luis, al igual de los demás participantes, coincidió que debe revisarse el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para ver lo que no sea implementado y mejorar sus acciones.
Rogelia González, expuso que el pasado 13 de enero algunos integrantes de la Junta de Gobierno decidieron quitarle las medidas cautelares y justamente ese día que le retiraban las medidas, un grupo armado entró a mi casa.
«Estoy viva, gracias a Dios estoy viva porque no me encontraba en mi casa. En mi municipio en el lugar en donde está la impunidad dentro de las propias instituciones y dentro de las propias autoridades municipales. Es que se pueden considerar políticas públicas que cuenten con presupuestos suficientes, para elaborar protocolos de atención que fortalezca al mecanismo».
En tanto, la activista Nelly Martínez Echartea del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), concordó que no debe de haber otro mecanismo, más bien debe fortalecerse el actual.
El Dialogo Regional retomará este miércoles, las discusiones encaminadas para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El evento se desarrolla en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en la capital oaxaqueña.
