CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- El Partido del Trabajo en el Senado de la República exhortó a la Fiscalía General de la República iniciar una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por su probable responsabilidad en la fabricación de la llamada «verdad histórica» sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Mediante un punto de acuerdo, los senadores Geovanna Bañuelos y Joel Padilla, coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, respectivamente, exigen a las autoridades involucradas en este caso llevar ante la justicia a todas las personas responsables de dichos hechos, reparar el daño a las víctimas y establecer las medidas tendientes a la no repetición de los hechos.
«La detención de Murillo Karam no debe suponer un obstáculo para que las autoridades continúen investigando para que se deslinden todas las responsabilidades e incluso, se conozca el nivel de involucramiento del expresidente Enrique Peña Nieto», asevera la legisladora.
Geovanna Bañuelos aseguró que es necesario que se imparta justicia y todas las personas responsables e involucradas deben ser investigadas y juzgadas por los delitos que cometieron contra el pueblo de México.
Asimismo, llaman a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que busque un acuerdo con el gobierno del Estado de Israel para extraditar a Tomás Zerón quien en su momento fue designado por el Procurador Jesús Murillo Karam para investigar la desaparición de los 43 estudiantes y su desempeño como funcionario público vulneró un sinnúmero de derechos humanos.
«El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes afirmó que Tomás Zerón violó el proceso de investigación e, incluso, plantó pruebas con la intención de que jamás se conociera la verdad auténtica», destaca la senadora Geovanna Bañuelos.
En el documento que fue inscrito en la Gaceta de la Comisión Permanente de este miércoles, los legisladores hacen referencia al Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que señala que el Estado fue el responsable de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas.
Lo anterior, apuntan, derivó en la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, en el marco del caso Ayotzinapa.
Sin embargo, Geovanna Bañuelos destaca que la imputación de ambos personajes del sexenio pasado no es el fin del caso ni da justicia a los familiares de los estudiantes desaparecidos. La justicia y el Estado de derecho no han sido restaurados.
«Debe cumplirse con la obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y de sus familiares, tomando las medidas para garantizar la no repetición de hechos y para brindarles justicia pronta, expedita, amplia y restaurativa», concluye.
