(EL UNIVERSAL).- El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, propuso cinco de prisión e inhabilitación de hasta nueve años, al funcionario que lucre o aproveche de los servicios médicos, para que le sea aplicada la vacuna Covid-19.
«Es necesario romper la cadena de abusos políticos desde la esfera de poder, donde funcionarios lucran, utilizan, se aplican y hasta regalan la vacuna Covid-19, brincándose esquemas preestablecidos», denunció el panista.
Al presentar una iniciativa de reformas al artículo 261 Bis del Código Penal, precisa imponer de uno a cinco años de cárcel a quien, aprovechando su cargo, obtenga para sí, un familiar o tercero cercano, beneficios indebidos consistente en atención médica, hospitalaria, insumo médico o, en este caso, la vacuna contra el coronavirus.
Ante el Pleno, el vicecoordinador del PAN en el Congreso local argumentó que estos beneficios, «no son patrimonio de nadie y mucho menos, cuando hay razones de emergencia o con base en las disposiciones oficiales emitidas para tal efecto», acusó.
Además de la pena de prisión, pidió el legislador, al servidor público responsable deberá imponérsele la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el ámbito público.
«Todo esto es resultado a que se han registrado actos detestables, en que los servidores públicos aprovechan su cargo para vacunarse o a sus familiares por encima del bienestar general. Si de por sí, ya el avance de la aplicación de la vacuna es lento, con la corrupción se hace mucho peor», afirmó.
Von Roehrich abundó que en el contexto de Covid-19, «(el presidente Andrés Manuel) López Obrador no deja de manipular a la población con la vacuna, siendo que México atraviesa la situación más delicada que haya vivido la humanidad en los últimos años», enfatizó.
Agregó que hay funcionarios y militantes de Morena, quienes han aprovechado la pandemia para sacar ventaja a pesar de la promesa de erradicar este tipo de conductas.
Recordó el caso del director del Centro Médico «Adolfo López Mateos», en Toluca, Estado de México, quien registró a su familia para recibir la vacuna Covid-19, a pesar de no estar dentro del grupo prioritario.
«Pero la única sanción que recibió fue separarlo de su cargo e iniciarle una investigación, pero dadas las circunstancias de la pandemia, se trata de una política criminal, donde, como servidor público, no debe mantener su cédula y debió ser acreedor a un castigo penal», exigió.
Aclaró que de proceder su iniciativa, «habría más justicia para la población que necesita de la vacuna para inmunizarse del virus, salir a trabajar y darle bienestar a las familias», destacó.
