CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al interior de las Cámaras de Diputados y Senadores ya se perfila solicitar una prórroga para acatar la resolución judicial por la que se les ordenó modificar la Ley General de Comunicación Social promulgada en 2018 o aprobar una nueva.
El mandato del secretario de acuerdos en funciones de juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Antonio Hernández, quien el pasado 10 de enero ordenó a los legisladores federales dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o de lo contrario, se iniciará un procedimiento de inejecución de sentencia, dio pie a una reunión con carácter de urgente en la Cámara de Diputados, en la que se puso en la mesa solicitar una prórroga.
De acuerdo con fuentes de San Lázaro, allegadas a EL UNIVERSAL, el representante jurídico de la Cámara baja, Luis Genaro Vásquez, se reunió en privado con el juez Rebolledo, titular del juzgado sexto de distrito, a quien le explicó que aprobar la Ley de Comunicación Social tiene una gran complejidad, que requiere arduo trabajo bicameral y de parlamento abierto.
Por su parte, el juez reiteró que existe un plazo que ya fue notificado, y debe cumplirse.
La propuesta para no caer en desacato, es que un día antes de que concluya el plazo de 10 días hábiles, el cual vence el próximo 24 de enero, las cámaras presenten una solicitud de ampliación por 60 días más, bajo el compromiso de entregar un informe de avances en las dos cámaras.
La Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, mejor conocida como «Ley Chayote» establece los criterios para el gasto púbico en comunicación social y medios de comunicación, sin embargo, el pasado 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidó, debido a que carece de reglas de operación, motivo por el que se consideró que «al no disponer de procedimientos y a reglas específicas, da paso a la discrecionalidad».
En la Cámara de Diputados ya existen algunas propuestas para cumplimentar el mandato judicial, entre ellas la de la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, para crear una Ley completamente nueva.
La iniciativa contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Oficial, la creación de un padrón oficial de Comunicación «el cual será un sistema público de información, procedimientos claros, obligaciones y sanciones para los entes gubernamentales», así como la facultad para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) pueda suspender el empleo, cargo o comisión al funcionario público que viole la norma.
De acuerdo con el proyecto «se determinará que el gasto en Comunicación no podrá ser de más del 0.15% del gasto corriente», y se establece un esquema de sanciones, donde se destaca que el TFJA deberá sancionar con la suspensión del empleo, cargo o comisión, de dos meses a dos años, al servidor público responsable de la difusión, edición, distribución o propaganda de publicidad oficial o comunicación social que viole la norma y con multas que van de los 179 mil 240 pesos a los 448 mil 100 pesos.
También prevé sanciones a los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón Nacional, con multas que van de los 627 mil 340 pesos a los 896 mil 200 pesos.
