TOLUCA, Méx., marzo 22 (EL UNIVERSAL).-
Octavio Pérez Ocaña, padre del actor Octavio Ocaña, y sus representantes legales se reunieron con el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Martínez para exponer algunas dudas sobre el caso, luego de darse a conocer un peritaje privado donde se señala la hipótesis de que el actor fue asesinado por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli debajo de la camioneta, en la carpeta asfáltica y no se dio un balazo solo, como fue la versión inicial de la institución.
El padre del actor señaló en entrevista que el último peritaje independiente fue a solicitud de la familia, que fue entregado a la fiscalía desde agosto del año pasado; sin embargo, desconocen quién lo filtró. «Sí, ese peritaje salió, no sabemos de dónde, pero nosotros lo hicimos y no sabemos quién lo filtró», señaló.
Pérez Ocaña dijo que respeta al nuevo fiscal, su gente y que va para adelante con el titular, quien le confirmó su apoyo, por lo que «unimos fuerza y vamos por la verdad». Agregó que los amigos de su hijo que lo acompañaban el día de los hechos están bien y han presentado sus declaraciones.
«Vamos a juntar fuerzas, lo que queremos es la verdad. En el pasado no se nos escuchó, y el fiscal amablemente me ha escuchado, me ha dejado opinar, tengo todo su apoyo y es mi tercera reunión con él», apuntó.
Nueva hipótesis en caso Octavio Ocaña. «(Con el nuevo peritaje) se derrumba la primera versión por parte de la Fiscalía de Justicia mexiquense sobre que Octavio perdió el control de la camioneta por alguna circunstancia desconocida, que se comprobó por la misma fiscalía que no es cierto, sino que fue el impacto por parte de la patrulla», agregó por su parte el abogado Francisco Hernández Salcedo. Además, rechazó que la familia o la defensa lo hayan hecho público.
Luego de la reunión, en las oficinas centrales de la institución, el representante legal aseguró que además esperan más peritajes, la participación del Poder Judicial de la Federación, que explicará cada uno de los aspectos contenidos en las diferentes versiones de peritajes, con la ciencia o la bibliografía forense, es decir, detallará las razones por las que hay diferencias en aspectos como si Octavio se pudo haber disparado solo o fue una agresión de los elementos de la policía municipal.
«Todos los peritajes son válidos, tenemos que considerar cada uno, tenemos que solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su participación, pues es muy importante porque desde octubre tienen los peritajes de la Fiscalía estatal, los privados y los propios, pero no hay razón para que ellos no hayan dado una resolución, pues no sabemos qué ha pasado para que no haya una resolución y queremos usar su dictamen», afirmó.
Finalmente, solicitaron a la Fiscalía mexiquense que se aumente la recompensa de 300 mil pesos para localizar al expolicía municipal de Cuautitlán Izcalli, Gerardo Rodríguez García, quien es investigado por la muerte del joven actor.
«Ley Octavio Ocaña». Basada en el caso del actor Octavio Ocaña, posible víctima de homicidio en el 2021, la diputada Luz María Hernández Bermúdez ( Morena) presentó una iniciativa al Congreso mexiquense para reformar el Código Penal del Estado de México, y sancionar a cualquier servidor público que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública , para evitar que se filtren imágenes de víctimas de un delito «para lucrar con la tragedia».
La legisladora propuso reformar el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, para que la pena sea de tres a seis años de prisión y multa por 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además se eleva cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública, y las penas previstas se incrementarán hasta 10 años.
Recordó que esto se hace para sumar a las reformas de agosto del 2021 al Código Penal de la denominada Ley Ingrid , que impone sanciones a quien audio grabe, comercialice, comparta, difunda, exponga y filme, publique o remita imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
