México, 3 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que ha propuesto una «especie de tregua» en el proceso de arbitraje internacional para buscar un acuerdo con empresas mexicanas y extranjeras en la renegociación de contratos para construir gasoductos.
«Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial, sin que nadie pierda sus derechos, para que se busque un acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces se continúa el proceso legal», declaró el presidente en su conferencia de prensa matutina.
Argumentó que «es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo».
Refirió que tomó esa decisión luego de reunirse el martes con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y el titular del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, con quienes llegó al acuerdo de establecer una mesa de diálogo con las empresas.
Los dos representantes empresariales y el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, van a fungir como observadores en la negociación, en la que participarán un representantes de las empresas y el director de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
«Es un paréntesis. Lo acepto porque me lo están pidiendo dos representantes (del sector privado) de México y los considero gente íntegra que no van a ser encubridores de corrupción», declaró López Obrador.
Bartlett defendió el martes la decisión de presentar demandas de arbitraje internacional para modificar contratos con las empresas transportadoras de gas.
«En el Gobierno anterior se licitaron gasoductos, de los cuales siete no habían llegado al periodo operativo», dijo el director de la CFE en una conferencia de prensa.
El lunes, la CFE presentó siete demandas preliminares de arbitraje en cortes del Reino Unido y Francia para anular algunas cláusulas de los contratos con las empresas Fermaca, Carso Energy, IEnova y TC Energy-TransCanada.
Bartlett indicó que de forma paralela ya ha establecido contacto con las empresas para convocarlas a un proceso de renegociación, y que «los transportistas acordaron que estaban dispuestos a revisar los contratos».
El presidente argumentó este miércoles que el Gobierno busca la renegociación porque si se aceptaran en los términos en que están suscritos ello implicaría un gasto de 80.000 millones de dólares, lo que a su vez se traduciría en mayor costo de la energía eléctrica para los consumidores.
«Una cosa es el negocio y otra el lucro, el robo, el afectar los intereses de los ciudadanos, de la nación. Por eso nuestra disposición al diálogo. Si ellos tienen razón hay que reconocerlo, como pedimos que ellos reconozcan si hay abusos», puntualizó.
En materia económica y empresarial, presidente habló también de la Ley de Austeridad Republicana, recientemente aprobada, y destacó «el debate» existente sobre una de sus medidas más polémicas: el veto de 10 años a exfuncionarios para poder trabajar en una empresa privada del mismo ramo en el que se desempeñaban.
«Se pasaron, se iban del Gobierno a trabajar a las empresas, y si eran funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) del más alto nivel, se iban a petroleras», indicó.
Recordó que incluso expresidentes, sin dar nombres, saltaron a empresas privadas de ferrocarriles o de energía.
«Era un abuso completo, porque el sector público es esto, y el sector privado es otra cosa. No hay que mezclar», concluyó.
A modo de anécdota, denunció que desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se están publicando en redes sociales vídeos con mensajes contrarios al presidente que son «aburridísimos» y «como un tafil».
