«Mucha de la historia social del mundo occidental en las últimas décadas ha involucrado remplazar lo que funcionaba con lo que sonaba bien».THOMAS SOWELL
Un prominente activista contra el consumo de refrescos y golosinas prohibió a su hijo de cuatro años comer productos «chatarra». En una fiesta de la escuela, sin embargo, el pequeño recorría el patio y recogía los dulces del suelo para engullirlos con una evidente desesperación.
El afán prohibicionista lo vemos reflejado hoy en la aprobación, el 5 de agosto, de un nuevo artículo 20 Bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el Congreso de Oaxaca. La disposición, que debe aún ser publicada por el Ejecutivo, prohíbe la distribución, donación, regalo, venta o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores. «La presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman considerablemente la calidad de vida de las personas e incluso ocasionan la muerte».
La clave de la prohibición es que afecta solamente a «bebidas azucaradas» o «alimentos envasados de alto contenido calórico». Si la bebida tiene un alto contenido natural en azúcares, no está incluida; si el alimento cuenta con un alto contenido calórico, pero no está envasado, tampoco. El problema de salud, según esto, lo provoca el envase y no el contenido calórico.
Los ataques contra las bebidas y los alimentos procesados, pero no contra los de alto contenido calórico, se han multiplicado en nuestro país en los últimos años. En 2014 la clase política promulgó un impuesto especial a refrescos y alimentos procesados de alto contenido calórico, que disminuyó las ventas, pero sólo unos meses. No hay indicios de que haya bajado el sobrepeso, la obesidad o la diabetes. La medida fue recaudatoria, aunque poco progresiva, ya que afectó mucho más a los pobres; no tuvo, sin embargo, ningún beneficio para la salud, como pretendían los políticos que la impulsaron.
Lo mismo ocurrirá, seguramente, con la nueva prohibición en Oaxaca. Quizá sirva para acosar a los pequeños comerciantes, que serán multados u obligados a pagar sobornos, o para fortalecer el mercado informal. Puede también ser una manera de generar problemas a las familias, muchas de las cuales mandan a sus hijos a hacer compras a las tiendas cercanas. O tal vez sea una forma de ocultar las 50 mil muertes oficiales, muchas más en realidad, del Covid-19, como ha pretendido el subsecretario de salud Hugo López-Gatell. No reducirá, sin embargo, el sobrepeso, la obesidad o la diabetes.
Estas condiciones tienen orígenes multifactoriales. En parte son producto de una ingesta excesiva de calorías y azúcares, aunque no sólo de productos envasados, ya que las garnachas y fritangas sin envasar tienen contenidos calóricos muchas veces superiores. Los hábitos sedentarios son también parte del problema.
Los políticos que han aprobado esta prohibición solo buscan, por razones ideológicas, atacar a la industria de alimentos y a los comercios pequeños, aunque al final la medida difícilmente resultará eficaz siquiera para eso. Los niños seguirán obteniendo y consumiendo alimentos y bebidas que los engorden. Si realmente los legisladores quisieran mejorar su salud, la estrategia tendría que ser completamente distinta. Deberían empezar por educar a los niños, y a sus padres, sobre los buenos hábitos alimenticios y el ejercicio. A los prohibicionistas, sin embargo, no les interesa impulsar medidas que funcionen.
INVERSIÓN
La inversión fija bruta cayó 38.4 por ciento en mayo en comparación anual, pero el Gobierno sigue tomando medidas para obstaculizar o cancelar inversiones. Hacienda, a su vez, presenta en sus informes el programa Créditos a la Palabra, un subsidio, como si fuera inversión pública. ¿A quién quieren engañar?
