La compra e implementación fallida de un supuesto software para administrar la información catastral del Estado sería la verdadera razón detrás del quiebre de los servicios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Aguascalientes, y no el supuesto “hackeo” que se intentó instaurar como justificación, no sólo para la destrucción de los datos de las propiedades de la Entidad, sino para encubrir un desfalco al erario público que tiene como responsables a personajes del más alto nivel del Gobierno del Estado.
Documentación que fue entregada a HIDROCÁLIDO muestra que lo que en realidad habría pasado con relación al quebranto informático del RPPC habría sido una implementación fallida de un sistema de seguimiento catastral por parte de una empresa fantasma, a la que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración, le habría pagado nueve millones 280 mil pesos para su instalación y mantenimiento.
Si bien fue fallido el uso del software en cuestión, perdiéndose en ese proceso prácticamente toda la información del RPPC, los datos que aporta la información proporcionada a HIDROCÁLIDO estarían revelando motivaciones mucho más oscuras, pues el pago hecho a la empresa WEB DEV, Sistemas de Información Geográfica, en ningún momento debió realizarse, debido no sólo a que el proveedor carece de domicilio alguno donde pueda ser localizado, sino que además es una de las 128 empresas que forma parte de la conocida como Estafa Maestra que reveló la investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, y además fue la proveedora que defraudó a la Universidad de Campeche en el proceso de compra de equipo de cómputo que jamás se realizó para el Instituto de Educación de Aguascalientes.
LA HISTORIA DETRÁS DE LA HISTORIA OFICIAL
Por medio de Moisés Israel Rebolledo Canul, en su papel de representante de la empresa fantasma, Juan Francisco Larios Esparza, Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes, llevó a cabo el Contrato de Prestación de Servicios número 136/2018, con el objeto de cumplir con la licitación publicada por la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial para la adquisición del mencionado software en el marco de la llamada ‘implementación de la plataforma multifinalitaria’. De ese monto correspondieron a la partida federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 5 millones 568 mil pesos, mientras que la aportación estatal fue de tres millones 712 mil pesos.
Posteriormente, en la Plataforma Nacional de Transparencia se dio a conocer con respecto al ejercicio de ese recurso en específico, que la misma Secretaría de Administración informó al Órgano Fiscal de la Federación que la implementación del mencionado software había sido satisfactoria por completo, dando por cerrado y concluido el ejercicio del recurso sin ninguna observación.
Sin embargo, pocos días después de esa afirmación a la federación, el 19 de febrero de 2020, fue cuando se dio a conocer por parte del propio Gobierno del Estado que el RPPC había sido objeto de un supuesto intento de “hackeo” por parte de ciberdelincuentes y que se habían perdido algunas bases de datos, pero ese mismo día, Armando Roque Cruz, secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, informó de “un intento de intromisión en la infraestructura informática del sistema de gestión notarial, el cual se descubrió de manera inmediata, logrando blindar y proteger la plataforma”.
TODO ERA MENTIRA
Sin embargo, de acuerdo con la información revelada y entregada a HIDROCÁLIDO, la Secretaría de Administración habría falseado la información entregada a la Plataforma Nacional de Transparencia debido a que semanas antes, tras haber intentado implementar el software adquirido a WEB DEV, Sistemas de Información Geográfica, no sólo se habrían dado cuenta hasta ese momento que la solución informática estaba incompleta, sino que debido a su errónea instalación había provocado un daño irreparable a la información del RPPC, por lo que de inmediato intentaron ponerse en contacto con el proveedor de la paquetería, pero ya no volvió a responder ni a aparecer.
Tras dar a conocer públicamente la versión del “hackeo” a la sociedad se conminó a la autoridad estatal a presentar una denuncia en contra de la empresa responsable de la fallida instalación del software, sin embargo, la realidad habría sido que no había forma de hacer ese procedimiento, pues debido a la “sorpresiva” inexistencia del proveedor, quien había proporcionado además un domicilio falso situado en la Av. María Lavalle Urbina, M-G1. Lote 17 Local 2 Altos, Sector Fundadores, Zona Ah- Kim- Pech, San Francisco de Campeche, Campeche. Debido a su inexistencia, el Juzgado de Distrito notificó al Gobierno del Estado la imposibilidad de llevar a cabo diligencia alguna, pues se trataba de una empresa fantasma.
EL PLAN B: CHIVOS EXPIATORIOS
La documentación en poder de HIDROCÁLIDO muestra que, ante la evidencia de que era imposible entablar una denuncia contra un ente que no existe, y que para colmo de males se supo entonces que había sido parte de las 128 empresas citadas en la investigación de la Estafa Maestra, la única opción viable para evitar comprometer al Secretario de Administración y, en consecuencia, al gobernador del Estado, habría sido la búsqueda de chivos expiatorios a quienes fincar responsabilidad por la fallida implementación del software y la pérdida catastrófica de información.
Esta lógica perversa habría sido consumada el pasado 13 de mayo de este mismo año al darse a conocer que los ahora ex-funcionarios Víctor Manuel Medina Gómez, Marlene Pinto Piña, Roberto Maruri González, José Luis Romero Rivera y Francisco Moreno, así como el propio ex-secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, Armando Roque Cruz, habrían sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por su supuesta responsabilidad en el fiasco que resultó el software adquirido a la empresa fantasma. Los imputados han entablado también sendas denuncias para comprobar su inocencia.
Ante las evidencias recabadas y la clara inconsistencia de la narrativa gubernamental que se intentó vender a la sociedad, resulta pertinente preguntarse si alguna vez existió el supuesto “hackeo”.
Las evidencias muestran que no.
