Para la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resulta reprobable el actuar de la Fiscalía de Querétaro respecto al caso de Esmeralda, la jovencita de 14 años de edad que sufrió un aborto espontáneo, para quien la Fiscalía pedía tres años de prisión.
Lo anterior, considerando, incluso, que su embarazo había sido producto de una violación sufrida por la joven a manos de un familiar tres años mayor que ella. «Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años», defendió la Mandataria.
La titular del Ejecutivo federal señaló que ya existe comunicación directa entre la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y la familia de la menor. «Está en contacto, Citlalli con la familia. No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera».
En su cuenta de X, la titular de dicha dependencia también condenó lo sucedido. «Hoy tendré diversas reuniones sobre el caso y estaré más tarde informando al respecto. Nunca más un México donde se criminalice a ninguna mujer, mucho menos a una niña que sufre agresión sexual. A todas las mujeres de México les decimos: ¡no están solas!», reiteró.
La Fiscalía queretana, quien está a cargo de Víctor de Jesús Mendoza, también exigió a la menor afectada una indemnización de 518 mil pesos al «padre del producto».
Después de que la inaudita decisión se hiciera pública gracias a Mayra Dávila, presidenta de la organización feminista Adax Digitales, quienes se han encargado de representar legalmente a Esmeralda, el fiscal señaló que la imputación realizada por su dependencia no es por aborto, sino por homicidio.
“La razón por la cual nosotros hicimos una imputación por el delito de homicidio es, específicamente, porque tuvimos una persona; es decir, tuvimos una persona que nació, que respiró, que efectivamente fue producto de una gestación de más de 36 semanas y que, por lo tanto, tuvimos a bien realizar en esta Fiscalía General del Estado el desarrollo de las diligencias necesarias que nos impone como obligación la legislación”, señaló Víctor de Jesús Mendoza.