“Justicia es el medio por el cual las injusticias establecidas se sancionan”. ANATOLE FRANCE
Rosario Robles fue privada de la libertad el 13 de agosto de 2019. Lleva un año en la cárcel sin que un juez la haya declarado culpable. La ley no obligaba a la prisión preventiva, ya que los dos cargos por ejercicio indebido del servicio público que se le atribuyen no son graves. Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la senadora morenista Dolores Padierna, de tiempo atrás enemiga de Rosario, le decretó prisión preventiva porque argumentó que la ex-secretaria podía tratar de escapar.
Lo paradójico es que Robles se encontraba fuera del país cuando recibió el citatorio a la audiencia en que se le detuvo, pero viajó de regreso a México y se presentó voluntariamente ante el juez: “Aquí estoy —dijo—. Vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”. Emilio Lozoya, en cambio, huyó del país para tratar de evadir la justicia y sólo aceptó regresar cuando se le detuvo en España y se inició un proceso de extradición en su contra. A pesar de eso, y de que se le está juzgando por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, está enfrentando su proceso en libertad.
Lo lógico es que Robles, quien se presentó ante el juez de manera voluntaria, y cuyo presunto delito es una simple omisión de información a sus superiores, hubiese sido juzgada en libertad, mientras que Lozoya, que escapó del país y cuyos delitos son corrupción y lavado de dinero, estuviera en la cárcel. O quizá los dos deberían estar libres. Pero en México la justicia sigue siendo discrecional.
La prisión preventiva es un castigo que se ejerce contra un acusado antes de que sea declarado culpable. En los países que respetan los derechos humanos es una excepción que se aplica sólo a los delincuentes más peligrosos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el abuso de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho”. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU considera que la medida es “violatoria del derecho a la libertad personal” y del “principio de presunción de inocencia que es la columna vertebral del derecho a un debido proceso”.
Según el fiscal Alejandro Gertz Manero el trato diferenciado de Robles y Lozoya es consecuencia de que ella no ha colaborado con el Gobierno: “La jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado mexicano para poder descubrir esa famosa llamada estafa maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior”.
Sin embargo, la ex-secretaria no ha sido acusada de los fraudes de la estafa maestra, que realizaron universidades públicas en colusión con empresas privadas, algunas de ellas fantasma, ni de haber causado un daño al erario; tampoco de haberse quedado con recursos públicos. Su presunto delito fue no haber informado al Presidente de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a las operaciones de la estafa maestra. Ella dice que sí informó, pero sólo verbalmente.
Es correcto que se esté juzgando a Robles, quien quizá sabía más de lo que dice sobre la estafa maestra. Pero no es correcto haberla mantenido un año en la cárcel sin que haya sido declarada culpable. El trato diferenciado a Lozoya, con acusaciones más serias y un intento previo de evadir la acción de la justicia, subraya que en México sigue habiendo criterios políticos en la impartición de la justicia.
NEOLIBERALES
¿Para qué sirven los neoliberales?, pregunta un radioescucha y se responde a sí mismo: “Para financiar el desarrollo, producción y distribución de vacunas a buen precio y de manera eficaz”.
Twitter: @SergioSarmiento
