Érik Vázquez, pareja de Samantha, acusó que él junto con ella fueron víctimas de tortura y coacción por parte de la Fiscalía del Estado; “fue abusada sexualmente”, además de sufrir la desaparición de su recién nacida Victoria, cuando fue atendida en el alumbramiento.
Comentó que Samantha fue sentenciada sin pruebas, siendo inocente del delito por el cual fue acusada, ya que no existen pruebas que la vinculen con el homicidio perpetrado por su padre, quien confesó los hechos, “intervinieron servidores públicos de diferentes áreas y se encargaron de hacer mediático este montaje, por eso decimos que se politizó y no podemos decir quién intentó afectar a quién porque sería especular”.
Por lo anterior señaló que el fiscal Jesús Ortega de manera irresponsable ante los medios sugirió la sentencia, mencionando delitos que ni siquiera obran en la carpeta de investigación, “actualmente él sigue manejando la Fiscalía con los pies, un despreciable ser humano y un pésimo servidor público… un asco”.
La víctima señaló que los testimoniales durante el juicio fueron aleccionados, sobre todo los agentes ministeriales contaban con un guion, “es absurdo que el juez validó pruebas por demás ilegales; el tiempo que Samantha y su familia estuvieron detenidos fueron objeto de tortura y de coacción durante varias horas”.
Apuntó que la carpeta de investigación y la audiencia del juicio está plagada de arbitrariedades y contradicciones entre los testigos.
Señaló a Mario Arturo como el abusador y torturador de Samantha, y a su padre como el responsable de firmar las actas de entrevista y las puestas a disposición; “delante del juez él negó haber participado en la detención”.
En este sentido indicó que existe una denuncia por falsedad en declaraciones que tiene 8 meses en contra del mencionado agente y no existe ningún acto de investigación, “está congelada por órdenes del fiscal”.
Por su parte, Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, indicó que cuando se habla de tortura se podría estar hablando de personas que son inocentes y que se encuentran pagando por delitos que no cometieron.
Se reconoce que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México sufren tortura sexual y que todas la personas que son retenidas llegan a manifestar la desaparición forzada.
Responsabilizó a los policías ministeriales Mario Arturo Margarito, Jorge Enrique González Bernal, al fiscal del Estado Jesús Figueroa y al juez Jesús Eduardo Méndez Martínez, quien sentenció a Samantha sin contar con pruebas.
