CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).-
Por su presunta participación en actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancionó a 33 servidores públicos, entre los que destacan 10 magistrados de circuito, 2 juezas y 5 jueces de Distrito, así como secretarios, actuarios y oficiales administrativos.
En tanto, que al cierre de este año el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha impuesto sanciones económicas por 16.4 millones de pesos a servidores públicos de áreas administrativas, y judicializó 3 carpetas de investigación en contra de un juez de Distrito, un jefe de Departamento y un chofer de la institución.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que en los últimos cuatro años en los que dirigió el PJF, se desarticularon las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura.
Al rendir su último informe de labores como presidente de la SCJN, Zaldívar afirmó que la corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en el Poder Judicial y se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se lavaban en casa. «Preferíamos voltear la cara, en vez de enfrentar el problema con autocrítica y transparencia».
Por lo que, dijo, «a partir de un diagnóstico profundo y una estrategia clara, en cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura».
Mencionó que las acciones se centraron en identificar y desmantelar los cotos de ilegalidad, así como imponer sanciones ejemplares, incluyendo denuncias penales. «La política de cero impunidad y la imposición firme de sanciones, han generado un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los cotos de ilegalidad. En cuatro años se consolidó un Poder Judicial muy diferente, que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla», sentenció el ministro.
Según las estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal, al cierre de este año suman 229 sanciones contra servidores públicos, de las cuales 87 fueron apercibimientos privados, 76 amonestaciones públicas, 8 inhabilitaciones, 32 suspensiones, una sanción económica, y 4 destituciones.
